Propuesta de Ospina de crear una granja para que detenidos trabajen sigue generando polémica en Cali

No termina la polémica por la idea que propuso el jueves pasado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras anunciar que él no construiría un Centro de Detención Transitorio a las afueras de Cali, sino una granja en la que las personas detenidas puedan trabajar.

Esta afirmación del Alcalde contradice lo manifestado el martes pasado por el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, quien dijo que con el objetivo de reducir el hacinamiento que hay en la mayoría de las estaciones de Policía de Cali y en el Centro de Detención Transitorio de San Nicolás, ya se tenía lista una bodega, a las afueras de la ciudad y no en la Comuna 5, para trasladar a este lugar a gran parte de estos reclusos.

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“Lo que nuestra Alcaldía pretende desarrollar es un acuerdo con el Concejo de la ciudad que posibilite desafectar un gran predio para poder tener un desarrollo tipo granja. Esto es lo que una sociedad moderna necesita”, dijo Ospina.

Ante esta propuesta, el Concejal Fernando Tamayo dijo que no importa “si es una granja, una bodega o una cárcel. Aquí lo importante es solucionar el problema rápido”.

“Esperemos que la solución sea real porque lo ideal es un centro donde puedan resocializarse, pero buscando lo ideal no se hace nada porque pasa y pasa el tiempo y las personas que están hacinadas en las estaciones de Policía siguen en condiciones infrahumanas”, añadió Tamayo.

“Es una propuesta sin ningún fundamento. La Alcaldía no tiene las capacidades ni los recursos para poner a andar una granja en donde trabajen los reclusos. Mucho menos después de esta administración que dejó la olla totalmente raspada y una ciudad llena de escándalos de contratación y obras inconclusas”, dijo Pablo Uribe, experto en seguridad.

Según Uribe, vale la pena mencionar que en los Centros de Detención Transitorios están las personas que aún no han sido condenadas y se encuentran en medio de un proceso penal, por lo que la Alcaldía no los puede forzar a trabajar porque “sería absolutamente ilegal”, recordó.

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“Legalmente, estos centros son competencia de la Alcaldía. Sin embargo, con excepción de Medellín y Bogotá, ninguna Alcaldía del país tiene los recursos para poner a andar y administrar un centro de detención. El Ministerio de Justicia se ha lavado las manos por muchos años, escudándose en la Ley pero el problema se sigue agrandando todos los días y el Gobierno Nacional, que sí tiene los recursos para solucionarlo, no puede seguir ignorándolo”, reclamó el analista.

Para el también experto en temas de seguridad Andrés Galindo, la idea de Ospina es interesante y se basa en una realidad: los condenados son competencia de la Nación y los investigados o quienes esperan un dictamen de la justicia son competencia de los municipios y de los distritos.

“Como hay limitación de recursos veo muy difícil el desarrollo de esa granja. Lo cierto es que en Cali hay que buscar soluciones para los privados de la libertad cuya situación jurídica no está definida. Lo único que temo es que, como tantas cosas en la actual Alcaldía, la idea de la granja solo es eso, una idea y no un plan bien diseñado”, sostuvo Galindo.

“No estoy de acuerdo con la creación de granjas para las personas que no tienen su situación judicial definida. Inclusive, hay que aclarar que en las cárceles es obligatorio el trabajo de panadería, carpintería u otras actividades”, sostuvo el concejal Juan Pablo Rojas, y enfatizó en que no hay que crear granjas, pero sí más cárceles y de forma urgente.

Según Pablo Uribe, ante la poca información que hay sobre el proyecto y las preguntas sin contestar desde la Administración Municipal, es claro que “como en muchos otros temas, no tienen una solución clara y mucho menos un plan para llevarla a cabo. Es evidente que ellos no van a solucionar este problema y se lo van a dejar a la próxima administración”.

Con esto coincide Galindo, quien explicó le inquieta que lo que haya detrás de los discursos sean solo ideas y no un plan bien diseñado para enfrentar el problema de hacinamiento de las estaciones de policía y de los centros transitorios de detención, problemática que no es nueva y nadie la ha enfrentado.

“A este Gobierno le quedan nueve meses y seguimos hablando del problema en el terreno de lo abstracto, pero sí es claro que hay que invertir una plata en este asunto porque es algo insostenible”, finalizó.