Protección de líderes sociales en Nariño, una tarea pendiente; más de 300 han solicitado medidas para su seguridad

“La defensa de Derechos Humanos se convierte en una lápida en el cuello de las defensoras y defensores”. Esa es la realidad que viven a diario líderes sociales del departamento de Nariño, en especial por parte de las disidencias de las Farc, que los amenazan, los desplazan y los asesinan.

Tan solo en 2024, tres líderes sociales en el departamento han muerto y 384 que habitan en la costa pacífica nariñense, incluido Tumaco, y el piedemonte costero, han solicitado medidas de protección.

La violencia en el departamento, como ha venido sucediendo en años anteriores, es generada especialmente por el control de la producción y distribución de la cocaína. Nariño es uno de los departamentos con más cultivos de hoja coca en el país y Tumaco, conocido como la ‘Perla del Pacífico’ y zona fronteriza con Ecuador, es el segundo municipio con más plantaciones, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo que también lo ha convertido en el municipio más violento, con 47 asesinatos en nueve meses.

Por eso, las defensoras y defensores de derechos humanos realizan su labor “en desobediencia”, como ellas mismas lo dicen, a esos grupos armados que les prohíben hablar, exponiendo su vida en pro de las demás.

Pero sin ninguna protección eficaz para ellas, porque denuncian que las medidas de protección que solicitan a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que pueden ir desde un chaleco antibalas, pasando por un escolta, hasta un carro blindado, son en realidad ineficaces.

Denuncias que coinciden con lo expresado hace algunos meses por la Defensoría del Pueblo, que a través de quien fuera el titular de esa oficina, Carlos Camargo, indicó que esas medidas de seguridad no están funcionando, especialmente en los territorios de difícil acceso del país. Sumado al tiempo que toma la realización de la solicitud y la entrega del esquema.

¿Qué está sucediendo en esta zona del país?

María es una líder social y madre cabeza de hogar que se dedica a trabajar en pro de las personas que son víctimas de violencia de género y con jóvenes para prevenir el consumo de drogas.

Su rostro y sus palabras denotan la tenacidad de una mujer que, a pesar de las amenazas que ha sufrido, no se rinde con tal de poder cumplir su labor, con la que está segura, podrá hacer un cambio.

“Yo siempre ando preparada para lo que sea. Me levanto con la idea de investigar y hacer acompañamientos. Por mucho miedo que tenga yo siempre digo ahí voy a estar. Yo siempre trato de cuidarme, pero no dejo las cosas así. ¿Que porque está caliente no me muevo? Tengo que moverme y a uno lo amenazan, pero igualmente el trabajo se hace con amor”, dijo la mujer.

Además de las amenazas, cuenta que ha sido víctima de violencia verbal. “Cuando lo miran a uno lo llaman sapa, vieja metida”, y está en riesgo de que los grupos armados tomen sus posesiones o que incluso se metan con su familia, como una forma de silenciarla.

Por eso pide que las medidas de protección sean efectivas, porque a ella le fue asignado un Policía para cuidarla, pero en realidad la ponía más en riesgo.

“Donde yo vivo, vive prácticamente la guerrilla. Entonces, cuando un Policía llega a visitarme, me pone como carne de cañón. Una protección no es que le pongan un esquema de seguridad y te recogen a las 8:00 de la mañana y te dejan a las 6:00 de la tarde. Y a las 8:00 de la noche nos matan, eso no sirve”, dice.

El mismo sentir tiene Paula, líder indígena awá y guardia de su comunidad. Trabaja en la defensa de los niños, niñas y adolescentes que son reclutados o que sufren algún tipo de violencia por parte de grupos armados.

“El conflicto armado nos tiene azotados de muchas maneras, en cuanto al exterminio físico, y ahora tampoco podemos andar libremente. Y además de eso, por nuestro liderazgo estamos recibiendo amenazas y discriminación”, sentenció.

Agregó que vive con incertidumbre y miedo, pero a pesar de todo no se rinde porque hay niños y jóvenes que no son escuchados y que esperan que ella pueda dar su mensaje o salvarlos de las garras de los grupos armados.

“Sabemos que corremos un riesgo, pero tenemos que seguir. Yo siempre digo: ‘Yo siempre estoy y seguiré mi liderazgo hasta que el sol se apague’”.

Por eso, al igual que María, pide que las medidas de protección se reformen, porque además de ineficaces, cuentan con grandes obstáculos para poder acceder a ellas.

“En este momento no estamos siendo protegidas, porque en primera instancia les brindan un chaleco y un celular y qué podemos hacer con eso. Al ponernos el chaleco estamos más expuestas”, coinciden.

Además de eso, denuncian que este año a muchos líderes sociales les están quitando sus esquemas de seguridad, por lo que han tenido que interponer recursos judiciales, pues la Unidad Nacional de Protección exige nuevas denuncias para renovarlos.

El panorama es muy grave, y si las entidades competentes no actúan eficazmente, los casos de líderes sociales asesinados podrían aumentar.

Es hora de no dejar a los líderes sociales solos y expuestos ante el peligro inminente que enfrentan en sus territorios.