Protección especial a víctimas de la masacre de La Rochela

Tras conocerse amenazas de las bandas criminales, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía brindar protección a familiares de las víctimas del asesinato colectivo perpetrado por paramilitares.

Al conceder una tutela, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación brindar protección especial a familiares de víctimas de la masacre de La Rochela, cometida en el municipio de Simacota (Santander), en 1989, cuando fueron asesinados doce funcionarios judiciales que investigaban crímenes del paramilitarismo en el Magdalena Medio.De acuerdo con la sentencia, la falta de protección a las familias durante los últimos años ha conducido a “revictimizarlas”, dado que han recibido distintas amenazas por parte de presuntos ex paramilitares enfilados en bandas criminales , mientras la justicia investiga los hechos.

Según los tutelantes, durante años han sido objeto de “seguimientos sospechosos”, interceptaciones telefónicas ilegales y mensajes de amenaza de parte de las auto-denominadas Águilas Negras - Bloque Capital, lo que les ha generado un gran temor, al punto que algunos de ellos han tenido que dejar el país.A pesar de que en 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano reparar a las víctimas y otorgar mecanismos de protección especial, la omisión de esas acciones por parte de organismos estatales ha puesto en peligro la vida de las personas y su integridad física, reflejando “un franco desconocimiento de la CIDH así como del derecho internacional”, según el texto de sentencia por la tutela.La Corte Constitucional también ordenó a los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y a la Vicepresidencia de la República, “hacer especial seguimiento al caso”, con el objeto de que se cumpla la sentencia emitida por la CIDH.

La masacre de La RochelaLa masacre de La Rochela fue perpetrada el 18 de enero por el grupo paramilitar conocido como Los Masetos, una rama del antioqueño MAS (Muerte a Secuestradores), que fue responsable de crímenes de lesa humanidad.La comisión de funcionarios se encontraba en el corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, investigando la desaparición forzada de 19 comerciantes el 6 de octubre de 1987, perpetrada por los mismos paramilitares.A pesar de que los paramilitares trataron de acomodar la evidencia para que pareciera que la masacre fue perpetrada por guerrilleros, la posterior confesión del desmovilizado Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘El negro Vladimir’ , comandante de dicho grupo paramilitar, permitió esclarecer la verdad de los hechos.El testimonio de ‘El negro Vladimir’ involucró en la investigación a los generales Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado y Farouk Yanine Díaz (estos dos últimos, ya fallecidos). También involucró al excongresista Tiberio Villarreal Ramos, quien presuntamente habría hablado de la necesidad de “desaparecer” a esa comisión investigadora.

Aunque todos fueron absueltos inicialmente, luego de la desmovilización de las Autodefensas se conocieron nuevos testimonios que motivaron la reapertura de la investigación, con lo que fueron llamados a indagatoria en 2009. La justicia, aún no se ha pronunciado en forma definitiva por estos hechos.