“Puede ocurrir algo inminente”: la alarmante advertencia sobre seguridad de personeros en Colombia; más de 100 están amenazados

En alerta se encuentran los personeros municipales en Colombia ante el aumento de amenazas contra ellos en lo corrido de 2024, pues de acuerdo con cifras de la Procuraduría General, 110 servidores públicos habían reportado intimidaciones entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2024, una situación que según Jesualdo Arzuaga, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías, Fenalper, los tiene muy preocupados porque sienten que están volviendo a las épocas más crudas de la violencia.

La bandera roja se encendió luego de que el personero municipal de Tuluá, Óscar García, sufriera un atentado sicarial el pasado 21 de septiembre en el cual afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero que puso al descubierto el panorama al que se enfrentan dichos funcionarios.

Según Arzuaga, “este es un flagelo que se viene presentando hace varios años, desde el año 2002 al año 2020 habían asesinado más o menos a 12 personeros y desde el 2020 para acá se estaban registrando amenazas, pero hasta el momento no se había presentado una situación tan compleja como la que se dio en Tuluá”.

De acuerdo con el director ejecutivo de Fenalper, estos funcionarios públicos tienen como deber principal velar por la protección de los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, además de realizar control de lo público, funciones que en algunos casos resultan incómodas para ciertos sectores que los intimidan para que cesen sus denuncias.

Por lo anterior, los autores de los delitos contra estos funcionarios públicos son variados. “Por un lado está el aumento evidentemente de las acciones de los grupos al margen de la ley, pero por otro hay un elemento recurrente y es que cuando los personeros municipales inician a ejercer su labor de manera disciplinada y coherente con sus funciones también se empiezan a volver incómodos para algunas administraciones locales. Hay una mezcla de todo”, sostuvo Jesualdo Arzuaga.

Otra de las razones por las que son blanco de las amenazas es que adelantan todos los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que cometen faltas disciplinarias del orden municipal.

En el caso puntual del personero de Tuluá, este venía haciendo denuncias contra la Administración Municipal local, lo que podría ser un factor para que se cometiera el atentado, sin embargo este hecho es materia de investigación.

“No podemos afirmar al 100% que el atentado y las amenazas vengan de la Administración Municipal, pero al parecer sí hay varios indicios frente a eso porque él lo ha venido diciendo en todos los medios de comunicación”, dijo el director de la Fenalper.

Arzuaga añadió: “Lo que estamos tratando de evitar es que se presenten este tipo de situaciones en otros lugares de país donde ya hemos advertido a todas las autoridades competentes que si no se brindan las medidas de protección eficaces e idóneas puede volver a ocurrir un atentado y este va a ser inminente”.

Son más que amenazas

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías, Jesualdo Arzuaga, explicó que ante un caso de intimidación a un personero, se dan las respectivas alertas a la Procuraduría, a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional y también a la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, en ocasiones la activación de las rutas es lenta, lo que pone en riesgo a los servidores públicos.

Uno de los casos ocurrió en Cali, donde el personero Gerardo Mendoza fue intimidado, según él, por las denuncias que ha interpuesto. En sus palabras, ha sido “objeto de hostigamientos luego de las contundentes declaraciones sobre la presencia del ELN en la ciudad y el respaldo a líderes sociales amenazados de muerte en las comunas 21 y 16″.

Además, aseguró que el ambiente de tensión se intensificó cuando dos individuos en motocicleta fueron vistos merodeando en inmediaciones de su residencia y tomando fotos del lugar, por lo que decidió alertar a las autoridades, sin embargo la respuesta que recibió no fue la esperada.

“En una carta, la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó las amenazas como un ‘riesgo ordinario’, argumentando que no es necesario brindar un esquema de seguridad reforzado”, indicó el funcionario, lo que le causó preocupación ya que sintió que su caso no fue tomado por la entidad con la precaución necesaria.

Ante este panorama que viven los servidores públicos en todo el país, la Federación Nacional de Personerías ideó un plan con el apoyo de Usaid, en el que se construirá un proyecto de autoprotección y protección interna de los personeros ante la respuesta no asertiva de algunas entidades estatales.

“Sentimos sin duda que cuando hacemos estos llamamientos el Estado no responde de manera inmediata, nos hemos venido quejando porque, por ejemplo, de las solicitudes de emergencia que a veces presentamos ante la UNP nos han respondido en 24 y 48 horas”, afirmó Arzuaga.

Según el director ejecutivo, la solicitud de emergencia se da cuando la Federación identifica que eventualmente un personero puede ser atacado, por lo que la Unidad Nacional de Protección debería responder casi de inmediato, cosa que no está ocurriendo.

Por este motivo, el personero Gerardo Mendoza decidió reforzar por su cuenta su seguridad personal. Actualmente, se moviliza en un vehículo blindado y es protegido por un hombre de la Policía de Cali para evitar hechos de inseguridad en su contra.

“Hacemos un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de todas las autoridades para que no dejen solos a los personeros en territorio porque están optando en algunos casos, por ejemplo en el Cauca, por desplazarse y tener que atender desde los cascos urbanos y las capitales, imagínense un municipio sin su defensor de derechos humanos”, concluyó Jesualdo Arzuaga.