¿Qué implicaciones tiene decretar la emergencia carcelaria en Colombia?

Por Redacción Colprensa y El País

Luego del incremento de la violencia que ha dejado un saldo, hasta ahora, de dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asesinados en 2024, el consejo directivo del Instituto resolvió declarar la emergencia carcelaria en todo el país.

El consejo, encabezado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sostuvo una sesión extraordinaria este lunes en la mañana, dos días después del homicidio del guardia Jesús Cárdenas, quien fue acribillado a las afueras del centro penitenciario que custodiaba, en Cartagena.

Además, el sábado pasado también fue víctima de un ataque sicarial otro dragoneante del Inpec al salir de la cárcel de Jamundí, Valle. El uniformado se encuentra hospitalizado en un centro médico de Cali.

En la reunión, además de Osuna, participaron el director del Inpec, el teniente coronel Daniel Gutiérrez; el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña; la vicefiscal general que será fiscal general a partir del 13 de febrero, Martha Mancera, entre otros funcionarios.

Al término del encuentro, el jefe de la cartera del Derecho manifestó que decidieron “por unanimidad” declarar la emergencia carcelaria “en todo el país”, debido a los homicidios y “las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida” de miembros del Inpec.

“Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia”, puntualizó el Ministro, al tiempo que explicó que la extorsión desde las cárceles “se ha exacerbado”, lo que también fue un argumento para declarar la emergencia.

Según el director del Inpec, actualmente hay 230 funcionarios del la institución que están amenazados por diferentes motivos, razón por la que aprovecharán la declaración de emergencia para “establecer cuáles son los que más riesgo tienen y poder moverlos de lugar”.

Ese crecimiento de la violencia, indicó el Ministro de Defensa, en buena medida llega en respuesta de bandas criminales como La Inmaculada, también conocida como La Oficina de Tuluá, que ha sido “fuertemente golpeada”, con la captura de varios señalados cabecillas, “pero aún no erradicada”.

Esta violencia, coordinada desde las cárceles, estalló el fin de semana precisamente en Tuluá, donde dos personas fueron asesinadas en medio de quemas de vehículos. La situación llevó a decretar el toque de queda y a la militarización del municipio.

Las medidas que se tomarán

Osuna destacó que con la declaración de emergencia carcelaria se podrá asegurar “traslados presupuestales y contratación directa de recursos”, lo que permitirá destinar dinero con mayor eficacia a atender la problemática de extorsiones y amenazas, con mayor personal de Policía o mejores equipos.

“También se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención”, remarcó Néstor Osuna.

Asimismo, el titular de la cartera de Defensa dijo que se reforzarán las medidas de aislamiento y limitación de comunicaciones para las personas consideradas por las autoridades como “sospechosas” de dar órdenes criminales desde su reclusión o de realizar llamadas para extorsionar.

Adicionalmente, la Fuerza Pública acompañará la vigilancia en el perímetro de las cárceles, como fue ordenado desde el fin de semana, sobre todo en las de máxima seguridad, como La Tramacúa, de Valledupar, donde está recluido alias Satanás, quien semanalmente es requisado por efectivos del Gaula.

“Gracias a esta declaratoria podremos contar con un Fiscal que se dedique a investigar todos los hechos de violencia cometidos en contra de funcionarios del Inpec”, explicó el coronel Daniel Gutiérrez, quien añadió que adicionalmente se buscará comprar inhibidores de señal y demás elementos de seguridad electrónica porque de esta forma se podrá “evitar que ingresen los celulares a las cárceles”.

En julio del año pasado, el coronel Gutiérrez tuvo que reconocer que los inhibidores de señal fueron “una solución efectiva en su momento”, pero no en la actualidad. Sin embargo, añadió que “reemplazar esos equipos obsoletos, que solo interrumpen la señal de dispositivos con tecnología 3G, sería demasiado costoso”.

“El Inpec venía sufriendo una serie de demandas por parte de los vecinos de las cárceles que estaban siendo afectados por el corte de señal y siempre nos ganaron esos pleitos judiciales. Inclusive, en muchos casos los jueces de la República ordenaban apagarlos por la afectación a los ciudadanos”, relató el año pasado Gutiérrez.

Este lunes, el ministro Osuna apuntó que la emergencia carcelaria permitirá “destinar más recursos” para la compra de dispositivos más modernos y el mejoramiento de los actuales, pero “necesitamos también la colaboración de los operadores de telefonía”.