Negocios turbios y asesinatos, el oscuro panorama detrás de lo que pasa en la Secretaría de Tránsito de Tuluá

Cuando el 19 de septiembre del 2021 entró un sicario a un establecimiento comercial en el barrio La Esperanza de Tuluá y asesinó de varios disparos al periodista Marcos Efraín Montalvo, todos los comunicadores en la ciudad sabían de lo que se trataba.

Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, “Marcos Efraín era ampliamente conocido por sus fuertes críticas a la gestión del alcalde (de Tuluá, John Jairo) Gómez, así como por sus denuncias de irregularidades y corrupción en la Secretaría de Tránsito”.

Casi dos años después, cuando muchas dudas rondan la muerte de Montalvo y se investigó la participación de algunos guardas de Tránsito en ella, fueron asesinadas en las calles de Tuluá tres funcionarios de esa dependencia.

Primero fueron Alejandra Guatapí, directora del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad, y Katherine Toro, funcionaria de la misma entidad, quienes fueron asesinadas dentro de un vehículo.

Tres días después, fue ultimado el agente de tránsito John Jáiber Hincapié, de 35 años de edad, quien recibió varios disparos mientras se desplazaba en una motocicleta de la entidad por el centro de la ciudad de Tuluá.

La cuarta víctima es una persona que habría disparado contra las dos primeras mujeres y que fue asesinado en el sector de Agua Clara por la banda criminal ‘La Oficina de Tuluá’, como lo reconocieron mediante un panfleto. Pero en los últimos meses son varios los guardas que han recibido amenazas o que han sufrido atentados y lograron escapar con vida y huir de la ciudad.

¿Qué está ocurriendo en la Secretaría de Tránsito de Tuluá? ¿Quiénes están detrás de esas muertes? ¿Cuáles son los intereses en esa dependencia? ¿Qué tiene que ver la banda delincuencial ‘La Oficina de Tuluá’ con esta racha de homicidios? ¿Qué es lo que hay en juego?

Negociados amargos

Un informe publicado por El País el pasado 18 de junio reveló que la banda delincuencial ‘La Oficina de Tuluá’, como hoy se denomina a la banda criminal La Inmaculada, intenta tener participación en el nuevo gobierno y ha pedido como cuota política la mismísima Secretaría de Tránsito.

“La verdad es que no sabemos si lo que busca la ‘Oficina’ es lograr el control de la Secretaría de Tránsito o conservarlo, porque son situaciones muy oscuras las que vienen ocurriendo allá en estos tres años y medio de gobierno y con un silencio cómplice de la Administración, que se ha dedicado a desconocer y negar lo que ocurre en ese despacho”, explica bajo reserva de su identidad uno de los precandidatos al Concejo de Tuluá.

Ante esta situación, el alcalde de la ciudad, John Jairo Gómez, le aseguró a El País desconocer lo que hay detrás de estas muertes y que están adelantando todo lo que sea necesario para esclarecer estas muertes que enlutan la ciudad.

Sobre el control que tendría la banda criminal de la Secretaría de Tránsito, indicó que “tras la muerte de las dos funcionarias, decidí yo mismo asumir esa función de director encargado de Tránsito para buscar qué es lo que pudo ocurrir, pero aún no tengo resultados administrativos que me lleven a pensar eso o a sospechar algo”.

Sobre las denuncias de su presunta laxitud con la banda criminal La Oficina de Tuluá, el alcalde Gómez aseguró que “estamos en un momento político y no falta el estratega o la campaña que busque en medio de la desinformación crecer. Puede pasar, y denunciaré lo que encuentre, pero lo que veo es que intentan relacionar un hecho con otro y así van desinformando” y buscando provecho político electoral.

Ante esta afirmación del alcalde Gómez, el candidato a la alcaldía de Tuluá Gustavo Vélez, quien ha recibido ataques y amenazas de parte de La Oficina de Tuluá, presionándolo para que no aspire al primer cargo del Municipio, indicó que la situación del municipio en estos tres años y medio no obedecen a razones electorales.

“Lo que viene pasando en Tuluá es horroroso. Y no tiene nada que ver con lo electoral porque hace tres años y medio se dispararon todos los indicadores delincuenciales y eso no obedece a una situación electoral sino a la desestabilización de la seguridad en el municipio por la complacencia de la Alcaldía con una banda criminal”, asegura Vélez.

Agrega que lo que se ventila públicamente, “es que esa banda tiene el control de varias dependencias y funcionarios en varias secretarías. Esta es una situación que se le ha salido de las manos al Alcalde y hoy todos los contratistas le pagan un porcentaje a la banda criminal. Es por eso que en ese contubernio entre el Alcalde y La Oficina de Tuluá temen que yo llegue a la Alcaldía a destaparles la corrupción y sus nexos criminales”.

De acuerdo con fuentes del proceso, la versión más sólida señala que dentro de la Secretaría de Tránsito de Tuluá había una vacante por ocupar y el guarda asesinado habría entregado un dinero a una de las mujeres fallecidas para que fuera designada allí una familiar suya, pero las cosas al parecer no se dieron.

Esa habría sido la razón por la cual el guarda asesinado habría estado relacionado con el asesinato de la contratista de la Secretaría de Tránsito, con tan mala suerte que los disparos alcanzaron también a la joven que apenas incursionaba en la actividad pública.

Ante estos hechos, La Oficina de Tuluá fue la que ordenó el asesinato del agente de Tránsito tres días después en el centro de la ciudad. De hecho, luego del homicidio del guarda, la banda criminal emitió un comunicado en el que se atribuye el crimen del uniformado y explica que lo asesinaron porque tuvo participación en la muerte de las dos mujeres.

Martín Hincapié, quien fuera personero delegado de Derechos Humanos en Tuluá, manifiesta su preocupación frente a este fenómeno de la violencia que vive la ciudad porque pese a los anuncios de las autoridades y del Ministro del Interior, no pasa absolutamente nada.

“Encontramos una ciudad que hoy sigue sometida al terror y al miedo y donde el vox populi entre los comerciantes y empresarios esa preocupación por lo que sucede en Tuluá y que no logran controlar. Entonces no sabe uno qué está pasando y ese mismo miedo se utiliza como herramienta electoral”, señala Hincapié.

Las otras hipótesis

Sobre las otras teorías en las que trabajan el alcalde Gómez y los entes de investigación, está el ingreso, contra toda norma, de una empresa de transporte que estaría dedicada al movimiento urbano de pasajeros y que afilió, dicen las fuentes, una cantidad de carros viejos en un mercado que ya había sido eliminado de la ciudad.

Igualmente, entre los dueños y directivos de esa empresa habría también personas señaladas de nexos con reconocidos delincuentes de la ciudad y con personas con antecedentes por diversos crímenes, como en su momento lo denunció Marcos Efraín Montalvo.

“Yo estoy investigando esa situación también; estoy pendiente de unos procedimientos, estoy haciendo la recopilación de los actos administrativos proferidos desde el año pasado para revisar si están o no ajustados a derecho y estamos haciendo las consultas para lograr la verdad y justicia para las familias de las personas que han fallecido”, dijo el Alcalde de Tuluá.

Igualmente, ha cobrado fuerza el hecho de que la misma empresa de Transporte estaría detrás de la apertura de nuevos cupos para el ingreso de más taxis a las calles de Tuluá.

La Flip se pronunció

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en un informe mostró su preocupación frente a la ambigüedad que ha mostrado el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, con declaraciones que le restan relevancia al trabajo y a las denuncias que realizaba Montalvo. “El alcalde Gómez debe adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Después de un hecho tan sensible para el gremio, la Alcaldía municipal está llamada a establecer acciones dirigidas a incrementar el respeto y respaldo al ejercicio periodístico”.