¿Quiénes están detrás de los asesinatos de los líderes sociales?

Febrero 2019. Santiago Uribe Uribe, alias Macario. 29 años. Sentenciado a 40 años de prisión por su responsabilidad directa en el asesinato en 2017 de Ruth Alicia López Guisao, líder social de la Comuna 13 de Medellín.

Abril 2019. Jorge Luis Jaramillo Valencia, alias Costeño. 43 años. Pertenecía al grupo criminal ‘La local’. Buenaventura, Valle del Cauca. Culpable del asesinato de Temístocles Machado en enero de 2018. Condena: 17 años y 8 meses de prisión.

Recibió 50 % de beneficio de reducción de pena por aceptar el delito. Podría haber sido más, pero no quiso contar quién mandó matar al líder social de comunidades negras y del Paro Cívico.

Junio 2019. Enersilio Murillo Potes, integrante de la banda ‘Los chingas’, de Quibdó, Chocó. Fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Felicinda Santamaría Mosquera, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 2, quien además cumplía labores sociales con la comunidad. El crimen se registró el 3 de julio de 2018.

La Fiscalía General de la Nación asegura que ha esclarecido el 57, 6 % de los 277 homicidios de líderes sociales que tiene reportados entre 2016 y mayo de 2019 en todo el territorio nacional.

En total, serían 159 muertes las que ya tienen responsable definido. Pero ni el total de los muertos es ese, ni —dicen distintas instituciones— la contundencia para esclarecer los homicidios de los líderes sociales es tan real.

La organización Somos Defensores, que lleva cerca de 20 años haciéndole seguimiento a estos crímenes, dice que el término “esclarecimiento” ha sido mal utilizado: “Para los abogados y el campo jurídico, esclarecer un caso es cuando termina completamente el proceso: cuando pasa el periodo de investigación, juzgamiento y luego sale una sentencia y está en firme”.

Y aunque la oenegé reconoce que ahora la Fiscalía actúa mucho más rápido, hay que precisar que, pese a que el ente investigador dice que más del 50% de los casos de líderes están esclarecidos, el número de sentencias no llega ni a la mitad.

A eso se suma que, aunque esa entidad ha identificado a quien tiró del gatillo o empuñó el cuchillo con el que se le quitó la vida al líder social, como pasó con los casos de Ruth, Temístocles o Felicinda, no se sabe quién decidió que ellos tenían que dejar de existir.

La Unidad Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía defiende su labor y explica que no hay que desconocer que se ha llegado a obtener un avance importante en las investigaciones, debido a que de los casos reportados “hay varios en etapa de indagación, escrito de acusación, imputación y juzgamiento”.

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“La Fiscalía ha trabajado de manera ardua para que cuando se reporte el ataque contra un líder social o un exfarc se haga el traslado al lugar de los hechos, se recauden de manera rigurosa las pruebas y se procese y condene rápidamente a los responsables”, resalta un funcionario de esta dependencia.

Lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, creó un equipo de fiscales especializados que hace que se pueda avanzar en los crímenes.

El último informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República, que da cuenta de los homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos entre 2016 y mayo de 2019, indica que, entre los “casos esclarecidos”, el 18 % los cometieron organizaciones criminales tipo C o bandas criminales; el 13 % disidencias de las Farc; el 10 %, el Clan del Golfo; el 8 % el ELN, y el 4 % el EPL; después siguen los Caparrapos (1 %) y Los Pacheli (1 %), que operan en el área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia).

Pero no solo en Somos Defensores desconfían de la efectividad de la Fiscalía. Víctor Hugo Moreno, consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que sufrió un atentado junto a Francia Márquez y tres líderes más cuando preparaban una reunión con el Ministerio del Interior, asegura que las capturas que vinieron después “son un falso positivo”.

Según él, las autoridades “no aclaran quiénes son los autores intelectuales” y sobre la mesa quedan dudas sobre las personas que fueron capturadas. Incluso, cuenta que la situación les ha generado problemas con las comunidades porque dicen que los capturados no son los responsables.

En el caso de las amenazas, la situación es similar.

Leonardo González, coordinador de la Unidad de Análisis del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, sostiene que en quince departamentos de Colombia circulan panfletos que indican nombres de personas pertenecientes a organizaciones sociales, líderes que son acusados de guerrilleros encubiertos, señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las regiones.

“Esto lo están haciendo por medio de panfletos firmados por unas supuestas organizaciones de autodefensa. Muchos de estos panfletos evidencian claramente que no son auténticos, que no responden a las organizaciones que supuestamente firman y que obedecen a lo que se ha denominado como ‘fuerzas oscuras’, es decir, todo este aparato que genera una mentalidad contrainsurgente no se ha desactivado. Es una ideología, son redes, son individuos que recurren a estos procedimientos y que se exacerban ahora que se viene una coyuntura electoral de disputa por poderes locales”.

Pero Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, considera que “decir que aquí se está matando a líderes sociales y desmovilizados por odio, refleja la profunda ignorancia con la que se aprecian las cosas desde una cómoda silla en Bogotá. El factor predominante detrás de los homicidios es el control por las economías ilícitas”.

Por ello, sentencia, la protección efectiva del liderazgo social en el país parte de la “disrupción de las economías ilícitas y el control institucional del territorio. Sin esto, desarticular definitivamente los aparatos criminales no es posible”.

Así mismo reconoce que quienes dirigen procesos sociales son asesinados porque representan un “obstáculo para organizaciones criminales, que buscan el control territorial y de las economías ilícitas. Es consecuencia, dice, entre otras cosas, de haber puesto a naufragar a Colombia en más de 200 mil hectáreas de coca”.

Las cifras de homicidios de líderes sociales de la Defensoría Nacional del Pueblo siempre ha arrojado números por encima de los reportados por la Fiscalía General. A la fecha, el primer organismo cuenta 462 decesos entre 2016 y febrero de 2019.

El 6 de junio pasado el subdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Fabio Parra Beltrán, recibió un oficio de la Defensoría del Pueblo en el que se advertía sobre un panfleto que estaba circulando en Tierralta, Córdoba, firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que amenazaba a siete personas.

Dos semanas después fue asesinada María del Pilar Hurtado, cuyo nombre figuraba en el panfleto y cuyo homicidio se hizo viral en redes sociales por cuenta de un video que mostraba su cuerpo tendido en una calle, mientras su hijo gritaba de dolor.

El peligro que corría Manuel Gregorio González, en Montelíbano, Córdoba, asesinado el jueves, también había sido alertado por la Defensoría.

Vea aquí el especial sobre líderes sociales asesinados