Recrudecimiento de la violencia en el Cauca, ¿adiós a la Paz Total?

“A mí lo que más me afecta es mi hijo, tenemos un niño de 7 años, Darwin David (llanto), que ha estado súper mal. Ayer que miró el video del papá me decía, ‘mamá esa gente va a matar a mi papá’, ‘por qué no lo dejan salir’. Él estaba acostumbrado a que el papá todos los días le hiciera una vídeo llamada, entonces el niño ha estado muy mal”.

Quien habla es Luz Dary, esposa del soldado profesional Juan David Estrada Suárez, de 33 años, secuestrado el pasado fin de semana por disidencias de las Farc, cuando se dirigía del municipio de Caloto a Santander de Quilichao.

A través de un vídeo, el lunes pasado, ella y su familia le enviaron un mensaje en el que le dicen que “lo esperamos y extrañamos un resto”. Pide que le respeten la vida y lo liberen pronto. “Que se pongan la mano en el corazón, porque no solamente soy yo como esposa y mi hijo, él también tiene a sus papás que son de una edad muy avanzada y es quien les colabora económicamente”.

También le pide al Presidente y a las disidencias que “hagan sus diálogos como deben ser, pero yo necesito a mi esposo libre. (…) yo creo que paz nunca va a haber, pero sé que es necesaria”, confiesa.

Ese mismo fin de semana que secuestraron al soldado, fueron asesinados cuatro policías en sendos ataques registrados en los municipios de Buenos Aires y Morales, Cauca. Ante la intensificación del conflicto en el último mes, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo extraordinario de seguridad en Popayán, el pasado lunes, donde anunció la sustitución, con dineros públicos, de las economías ilegales, porque según dijo, “la violencia en el Cauca tiene una base económica y si esa base se sustituye, la violencia se apaga paulatinamente”.

Dijo también que la función de la Fuerza Pública será paralizar por completo, en tierra y mar, esas economías ilícitas.

Un escenario dramático

A través de sus redes sociales, el Estado Mayor Central, EMC, de las Farc, reiteró que las acciones que por estos días desarrollan en todo el territorio nacional, “son acciones defensivas y ofensivas legítimas de un ejército revolucionario, que pese a su insistencia no ha logrado concretar un cese al fuego con el Gobierno Nacional”.

Esta suerte de pulso entre los grupos ilegales y el Estado colombiano, infortunadamente golpea a la población civil, en medio del conflicto armado. Indepaz informó que el departamento del Cauca es el más afectado por el accionar de los grupos armados.

Según reportó, del 1 de enero al 3 de agosto de 2023, han sido asesinados 22 líderes y defensores de derechos humanos y cinco firmantes. Se han presentado cuatro masacres que han dejado 12 víctimas, 57 acciones en las que se violaron el cese al fuego pactado entre el Gobierno y distintos grupos armados, así como 5872 eventos de desplazamientos, de los cuales 2409 han sido en Argelia, Cauca, además de 461 víctimas de confinamiento, el 100% de ellas en Balboa, Cauca.

Por eso, a través de su cuenta en X (antes Twiter), Indepaz enfatizó que “cualquier negociación que empiece en el territorio, con grupos armados, debe tener en cuenta que, antes de un cese al fuego, queremos un cese de hostilidades contra la población civil”.

Entre tanto, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, también expresaron su preocupación ante la situación de violencia, agresiones y asesinatos de líderes y lideresas.

“Nos encontramos con escepticismo frente a la propuesta de Paz Total del Gobierno Colombiano, los diálogos y el cese al fuego con grupos armados, solo se ha visto reflejado en el recrudecimiento de la violencia, los asesinatos, atentados y amenazas en toda la geografía caucana”, indicaron en su cuenta de Twitter.

En ese mismo sentido se pronunció el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, al advertir que “el departamento del Cauca y sus poblaciones enfrentan un proceso de agudización de emergencia humanitaria por causa de la violencia como en tiempos pasados, ya son 12 intentos de alcanzar la paz, estamos cansados de esta absurda guerra (…) que nos exige concretar la política de paz desde los territorios”.

El alcalde de Caloto, Gonzalo Ramírez, calificó como muy “complicada la situación” pues “estamos en un paro armado de la insurgencia”. Por su parte, el personero Luis Moreno subrayó que “hay un temor insuperable frente a lo que estamos viviendo en el norte del Cauca y en Caloto”.

Incluso, el registrador Alexánder Vega expresó que no descarta que se aplacen o repitan las elecciones regionales en este departamento debido a los problemas de orden público.

Disidencias, una fuerza mayor

Según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, el Estado Mayor Central de las Farc que ha estado realizando los ataques, está ubicado en 166 municipios del país, mientras en el Cauca hace presencia en 21 de los 42 municipios, es decir, en el 50% del territorio.

No obstante, asegura que su bastión principal es el norte del Cauca donde opera a través del Bloque Occidental Jacobo Arenas, una especie de confederación de estructuras armadas como son el Frente Carlos Patiño, la columna Jaime Martínez y la Adán Izquierdo, entre otras.

Francisco Javier Daza, coordinador de Paz y Posconflicto de Pares, señaló que estos grupos han tenido un proceso de fortalecimiento en el Cauca, que inclusive se ha irradiado a otros departamentos como Huila, Tolima, Valle del Cauca y Nariño.

Dice también que el “tema de acciones contra la Fuerza Pública puede tener diferentes móviles. Lo primero puede ser mostrarse fuertes a través de un poderío militar en clave de que el Gobierno lo vea como un actor armado grande en el Cauca y a nivel nacional”. El objetivo sería presionar, lo más pronto posible, el cese al fuego bilateral teniendo en cuenta los últimos ataques de la Fuerza Pública que dejaron al menos 12 de sus integrantes muertos en Argelia, Cauca.

Daza sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro debe ponerle atención a las violencias de los grupos armados, pues se ha identificado un aumento en el tema de asesinatos a líderes y lideresas, las masacres se mantienen vigentes, los desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y los confinamientos. “Es importante que puedan dar soluciones estructurales a la violencia”.

Por su parte, Juan Manuel Torres, también de la Fundación Pares, dijo que ahora hay una expectativa frente a la instalación de la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, pero se ha ido dilatando.

Para Torres, no obstante, con este grupo es muy complicado tener certeza hasta dónde esté dispuesto a negociar o qué tan preparado esté políticamente para hacerlo.

“Aunque tratan de emular con sus ataques a las antiguas Farc, evidentemente no son las mismas, pero sí son sectores muy poderosos. Estas no son las Farc, son disidencias, entonces uno no sabe hasta dónde confiar o no, y están compuestas por jóvenes, son diferentes en la forma de relacionamiento, de ejercer la violencia”, puntualizó.

Según Torres, en el Cauca se han gestado los conflictos. Cabe recordar el M-19 y Quintín Lame, pero también “esas son zonas que prácticamente tienen hijos para la guerra. El Cauca es un departamento complejo y estigmatizado”, reconoció.

Recordó que hubo dos años después de la firma con las extintas Farc, que se alcanzó a vislumbrar cómo sería un territorio en paz, pero rápidamente dejaron deteriorar el territorio.

“Y ahora hay una papa caliente con un grupo súper consolidado que no solo vive de la coca, pues también se ha expandido a otros negocios como la minería ilegal y la marihuana, es decir, tienen muchas rentas en el Cauca”.