Salvatore Mancuso anunció que pedirá disculpas públicas por el secuestro de Piedad Córdoba

Luego de la muerte de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba y, una década después de su secuestro, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló en un video que pedirá disculpas públicas a su familia por el secuestro de la congresista en 1999, como lo habían acordado mutuamente antes de morir, en una conversación que tuvieron sobre temas de paz.

“La noticia del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba me ha impactado profundamente, igual que a todos. Ella era una figura política única reconocida por su franqueza y habilidad para decir las cosas como son. No será fácil ni sucederá pronto encontrar a alguien como ella en el panorama político. Su legado deja una huella imborrable en la historia de Colombia y su ausencia se sentirá”, anotó Mancuso.

Contó que “recientemente tuve el privilegio de hablar con ella sobre los escenarios factibles para la paz y le expresé mi deseo, ella aceptó con generosidad, de hacerle un reconocimiento público y pedido de perdón por el secuestro que sufrió, por ser uno de los pocos responsables vivos de esos lamentables hechos”.

El exjefe paramilitar indicó que, a pesar de la muerte de la senadora, mantiene ese compromiso y lo hará en medio de los procesos que tiene con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Un compromiso que mantengo en su honor, como homenaje póstumo a su legado y a su familia, en el marco de los procesos restaurativos que adelanto ante la JEP”.

También reconoció que Córdoba hizo grandes aportes a la paz y dejó un gran vacío por ser una voz y figura política en el país.

“Su partida representa un enorme vacío. La paz en Colombia siempre llevará su impronta a pesar de la adversidad, ella fue una guerrera de la igualdad y su compromiso incansable perdurará siempre. Descansa en paz, tu legado sigue vivo”, indicó.

Como se sabe, Piedad Córdoba fue secuestrada el 21 de mayo de 1999, en Medellín, mientras se encontraba en un consultorio odontológico, cuando fue abordada por un grupo de hombres armados que se hicieron pasar como agentes del CTI de la Fiscalía.

Mientras estaba en cautiverio, fue trasladada a varios lugares, incluyendo una finca en el departamento de Córdoba, donde fue retenida por Carlos Castaño, jefe de las AUC. En su momento, el gobierno ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por su liberación, y el entonces presidente, Andrés Pastrana, inició negociaciones con los paramilitares.