FUERZA PÚBLICA
Salvatore Mancuso tiene una última oportunidad para comparecer ante la JEP
Salvatore Mancuso deberá decidir si acepta o no participar en la audiencia pública a la que fue convocado hace algunos meses por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Salvatore Mancuso deberá decidir si acepta o no participar en la audiencia pública a la que fue convocado hace algunos meses por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para aportar verdades concretas y nuevas sobre sus relaciones con altos mandos de la Fuerza Pública. Su última oportunidad para entrar a esa jurisdicción.
Esta comparecencia, según la JEP, solo podrá hacerla como antiguo y confeso comandante o cabecilla paramilitar incorporado materialmente a la Fuerza Pública, y no como tercero civil, que ya fue descartada por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
“Si la respuesta es afirmativa, el solicitante deberá entender y asumir que será convocado a la audiencia única de verdad para demostrar fehacientemente que se incorporó funcional y materialmente a la Fuerza Pública”, explicó la JEP.
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En este sentido, la Jurisdicción detalló que le dio traslado a Mancuso de un temario y le dio un plazo de 45 días hábiles, contados a partir de la comunicación de la respectiva decisión judicial, para responder. Luego de ese plazo se continuará con el trámite procesal correspondiente de contrastación y verificación, y se determinará si se convoca a la audiencia o no.
En consecuencia, y como alistamiento, la Subsala dispuso la presentación escrita por parte de Mancuso de una propuesta de aporte a la verdad como posible comandante paramilitar incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública, inicialmente entre 1989 y 1997 y, luego, hasta 2004.
La propuesta que debe entregar Mancuso debe tener, entre otros, la relación de los aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena acerca de la estructura criminal que integraron los paramilitares, sus partícipes, modo de operación, formas de perpetración, apoyos en representantes armados del Estado colombiano, en aras de perseguir el objetivo de crear una ventaja militar para el actor estatal y sus intereses estratégicos, que contribuyan decisivamente a develar, entender y conocer aquellos delitos que hasta el momento no son de conocimiento de la justicia colombiana y de sus autores.
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