Secuestros con fines extorsivos y de financiamiento, entre los crímenes aceptados por exjefes de las Farc

Por segundo día consecutivo, siete exmiembros del Secretariado de las Farc se colocaron frente a frente con las víctimas de secuestro en el país y reconocieron su responsabilidad.

El turno de este miércoles fue para la política de secuestro con fines extorsivos y de financiamiento, luego de que los exmiembros del Secretariado reconocieran, este martes en la primera diligencia, su responsabilidad en la política de secuestro con fines de canje o intercambio.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la política de secuestro con fines extorsivos consistía en financiarse a través de este terrible flagelo. “En las conferencias nacionales guerrilleras, planes operacionales, en reuniones del Estado Mayor, en los planes tácticos de distintas unidades militares se repite la orden de privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre, durante la diligencia de este miércoles.

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Los siete exmiembros del Secretariado que se pararon frente a las víctimas fueron: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda.

El cobro de cuotas a empresarios y ganaderos, los más afectados por este flagelo, que al no pagar extorsiones o que, incluso al pagarlas, fueron secuestrados, es una de las modalidades, según la JEP, de esta política.

El padre del comerciante Héctor Mahecha, por ejemplo, fue secuestrado en 2004 en Chaparral, Tolima, bajo esta dinámica. Según el relato de Héctor, las Farc secuestraron a su padre a pesar de que este pagaba las vacunas y cuando terminó de pagar su rescate lo secuestraron a él y luego su hija sufrió lesiones con un artefacto explosivo, cinco años después de su liberación, al negarse a pagar de nuevo.

“Sacamos a mi hija totalmente ensangrentada, tuvo siete operaciones en el talón, una herida en el costado del abdomen y gracias a Dios no murió”, contó el comerciante. Después de las bombas, tuvo que desplazarse.

A pesar de esto, dijo que los perdona, pero que deben entender que no todo el mundo está preparado para hacerlo. Además, hizo un fuerte reproche a la reparación que se ha realizado con las víctimas.

Una historia similar contó Diva Cristina Díaz, con la voz entrecortada. Su padre, de más de 60 años de edad, fue secuestrado por más de 16 meses, lo que generó que toda su familia se quebrara. Tras una larga lucha lograron liberarlo, pero cuando esto pasó, secuestraron más miembros de la familia.

“Mientras mi padre estaba saliendo por una zona, por otra zona se estaban llevando a una hermana y a una prima, eso quiere decir que el salía a seguir recaudando dinero para seguir pagando el secuestro, ya no de él sino de sus familiares”, relató.

Ante lo anterior, Rodrigo Granda dijo que no hay palabras para calificar lo desalmados que fueron con el tratamiento de los secuestrados. Frente a la reincorporación, dijo que están en deuda con las víctimas por la falta de voluntad del Gobierno del presidente Iván Duque.

Por su parte, el jefe guerrillero Joaquín Gómez, reconoció y pidió perdón por el secuestro del padre de Diva Díaz, quien lo escuchó mientras lloraba desconsoladamente. “Soy consciente de que la vida de su padre es irreparable y que causamos un daño inimaginable”.

Agregó, con base en el caso del padre de Diva, que esta política afectó notoriamente a mucha gente. “Muchas familias se vieron obligadas a alterar sus rutinas, a perder sus patrimonios, bienes y negocios. Estos cambios en la vida de tantos trabajadores, jamás debieron haberse generado”.

Rodrigo Londoño, visiblemente conmovido con lo dicho anteriormente, tomó la palabra, aunque no le correspondía hablar, y dijo que como mandos son responsables de los efectos que la política de secuestro generó en la gente. “Hay un principio que dice que no hay estudiantes malos sino profesores malos. Aquí no hay guerrilleros malos, sino malos comandantes, nosotros fallamos en eso”.

Y continúo: "Yo sé que en algún lado nos pueden estar escuchando los que se abrieron de este proceso. Si están escuchando estos testimonios, creo que son un estímulo para que vuelvan a retomar el camino".

Dentro de esta diligencia se narraron también los secuestros de personas que vivían en ciudades o en lugares en donde no conocían a las Farc.

Héctor Angulo, hijo de Carmen Rosa Castañeda y Gerardo Angulo, secuestrados el 19 de abril de 2000 torturados y asesinados por las Farc, narró los difíciles momentos que sus padres tuvieron que enfrentar antes de morir.

“Mi madre de 68 años no podía caminar, difícilmente se le reventaban las venas varices en las botas, más sin embargo, así la obligaban a caminar, la amarraron de una bestia para jalarla”, contó Héctor mirándolos a los ojos.

En su relato dijo además que hasta el año pasado pudieron encontrar los restos de su madre y agregó que siente que los exmiembros de las Farc le siguen tomando del pelo al reconocer sus errores, pues no cree que sean sinceros. “Según lo que dijeron ustedes no es la forma de actuar, pero sin embargo, lo hicieron, sus mandos medios lo hicieron, atropellaron, maltrataron, torturaron a un par de abuelos”.

Otra de las crudas historias del secuestro fue narrada por Edward Díaz, hijo del concejal de Palmira Oswaldo Díaz Cifuentes, secuestrado en 2001, a quien recordó como un buen hombre. “¿Qué políticos de la ciudad o del Valle estuvieron involucrados?”, les preguntó.

Agregó que su papá no merecía que lo secuestrarán “Nadie merece pasar por eso (...) Las Farc no debieron existir, ustedes todo lo hicieron mal, no hicieron nada bien, ustedes han sido el cáncer de Colombia”.

Tras estas intervenciones, Jaime Alberto Parra, más conocido en la guerra como ‘El Médico’, tomó la palabra, y reconoció su responsabilidad en el secuestro de Carmen Rosa Castañeda y Gerardo Angulo, ante la mirada de su hijo Héctor, quien con la cara agachada y las manos entrelazadas escuchó el reconocimiento.

“Fuimos nosotros como extinta organización guerrillera quienes los tuvimos cautivos, quienes los forzamos a caminar, quienes los asesinamos y desaparecimos. El daño que causamos es incalculable”, explicó ‘El Médico’.

Agregó que además de ellos secuestraron mucha gente en Bogotá y Cundinamarca para financiarse, en cooperación con bandas criminales a las cuales les entregaban un porcentaje del dinero que pagaban por el rescate.

Pablo Catatumbo, por su parte, reconoció el secuestro del concejal de Palmira, Oswaldo Díaz Cifuentes, y dijo que este flagelo “es una de las más graves lacras que arrastró nuestra sociedad dentro del conflicto. El secuestro se hizo masivo, causó dolores, daños, fracturas”.

La última modalidad de secuestro que se expuso durante la diligencia fueron los secuestros indiscriminados y aleatorios.

Orlando Alberto Toledo, por ejemplo, fue secuestrado el 26 de julio del 2005 en Convención, Norte de Santander. Según el relato de su esposa, Carmen Mirke, fue privado de su libertad cuando se encontraba trabajando para una empresa que suministraba a Ecopetrol.

“Con el secuestro nuestros sueños ya no se podían llevar a cabo, porque la situación cambió radicalmente, pasó de una estabilidad familiar, emocional, económica, afectiva, a un futuro incierto en el cual perdimos a nuestro esposo y padre, ¿qué pasó?, ¿cuál es la verdad?, ¿Dónde está su cuerpo?, ¿Cuanto más tenemos que esperar?. Respuestas que aún hoy 17 años después nadie nos ha podido responder”, dijo su esposa.

Esta modalidad, al igual que las anteriores, también fue reconocida por los miembros del secretariado.

En medio de esta diligencia Pastor Alape, con los labios y las manos temblorosas y la voz entrecortada, recordó el caso que más lo ha golpeado. “Es el hijo del poeta Carranza, del hermano de María Mercedes Carranza, es que nos mentimos con el arte, con la cultura, por eso es tan duro esto”.