Senadora indígena denunció la presencia de hombres armados fuera de su casa

La senadora indígena Ayda Quilcué alertó a la comunidad indígena sobre la presencia de hombres sospechosos en la zona rural de Popayán donde reside.

De acuerdo con la congresista, en la tarde del sábado 20 de mayo, estaba ella reunida con unos familiares y allegados en una vivienda de la vereda Clarete cuando se percató del hecho.

“S.O.S Desde anoche hombres fuertemente armados rondaron e intentaron ingresar a mi casa en la vereda Clarete, zona rural de Popayán en donde me encontraba con mi familia”, escribió Quilcué a través de sus redes sociales.

Inmediatamente, la guardia indígena y vecinos del sector llegaron para brindarle ayuda y protección.

La Defensoría del Pueblo también hizo presencia para conocer la denuncia. Además, la Fiscalía realizó una inspección alrededor de la vivienda.

Entre los elementos encontrados estaban dos armas de fuego automáticas y una prenda de uso militar, los cuales fueron localizados entre la vegetación cerca de la casa. De igual manera, fue hallado un cartel con el nombre de ‘Frente la Segunda Marquetalia’.

Los hechos y los elementos encontrados son materia de investigación.

No es la primera amenaza

En octubre del año pasado, la camioneta en la que se desplazaba Quilcué fue atacada con armas de fuego, en el sector Guadualejo - Puerto Valencia, Tierradentro, entre los municipios de Belalcázar e Inzá (Cauca).

La senadora salió ilesa del atentado que dejó el carro con seis perforaciones por los impactos de bala.

El 16 de diciembre de 2008, en la madrugada, Edwin Legarda, esposo de Quilcué, murió en una acción del Ejército, cuando iba en carro entre Páez y Popayán.

Comunidades indígenas indicaron que ese ataque pudo ser contra la dirigente indígena porque la víctima viajaba en un carro de vidrios polarizados.

En noviembre del año pasado, la Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó investigar a 33 militares procesados por el asesinato de Legarda.

¿En vilo el proceso de la ‘paz total’?

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ emitieron un comunicado este lunes 22 de mayo, en respuesta al anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc, en cuatro departamentos, tras la masacre que dejó muertos a cuatro niños indígenas. Los menores fueron asesinados por el frente Carolina Ramírez.

El Estado Mayor Central de las Farc advierte que esta decisión “desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.

Este grupo armado indicó que siempre ha “demostrado una voluntad de paz” desde el 22 de septiembre de 2022, cuando anunciaron el cese de acciones ofensivas contra las fuerzas militares y, posteriormente, cuando aceptaron un cese al fuego bilateral “con el fin de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo”.

Sin embargo, esta guerrilla responsabilizó a la Fuerzas Militares colombianas por presuntas violaciones del cese al fuego. “En la práctica, el cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares, que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron. Las pruebas y evidencias, así como los distintos casos a verificar, fueron dejados en manos del gobierno nacional, entre ellos a Danilo Rueda, quién demuestra inoperancia en tramitar lo necesario para detener la máquina de guerra estatal”, añadió las EMC-FARC.

Este grupo armado se refirió a varios ataques que el Gobierno los acusa de cometer y que, según la guerrilla, nunca cometieron. “También es de relevancia que los hechos que se nos acusan nunca fueron verificados e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”.

Sin obstante, el grupo armado no aclaró los hechos relacionados con el asesinato de los cuatro niños indígenas en el Putumayo, quienes estaban escapando de ser reclutados.

“Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación que era una claudicación anticipada y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza”, concluyeron.