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La alta corte determinó que el político participó en una alianza paramilitar con el Bloque Córdoba de las AUC. | Foto: Foto referencia

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Siete años y seis meses de prisión pagará exsenador Musa Besaile por aliarse con paramilitares

El funcionario se habría aliado con las AUC para hacer campaña a la Cámara de Representantes entre los años 2001 y 2002.

6 de mayo de 2023 Por: El País

La Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y medio de prisión al exsenador del partido de la U, Musa Besaile Fayad, por haberse aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para hacer campaña a la Cámara de Representantes entre los años 2001 y 2002.

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Musa Besaile y sus negociaciones con las AUC. | Foto: Corte Suprema de Justicia

El alto tribunal, explicó que “para promover el proyecto paramilitar, garantizando su fortalecimiento político-burocrático con la asignación de por lo menos dos Secretarías en el departamento de Córdoba”, dicha coalición “le produjo réditos personales al procesado al obtener apoyo electoral.”

A su vez señaló que “las estructuras paramilitares intervinieron en el manejo de lo público para mutar su naturaleza ilegítima, auspiciando a los que se identificaban con sus aspiraciones o aquellos que interesadamente las exaltaban, “cooptando” las instituciones para reconfigurar el Estado y obtener poder económico, político e impunidad, excluyendo a quienes no compartían su ideario criminal”.

Besaile y Salvatore Mancuso

Así las cosas, al exsenador se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. La alta corte determinó que el político participó en una alianza paramilitar con el Bloque Córdoba de las autodefensas, dirigido por Salvatore Mancuso. La evidencia suministrada por la Fiscalía General de la Nación señaló, que Besaile recibió apoyo de los paramilitares para llegar al Congreso y que, a cambio, entregó dos secretarías departamentales de Córdoba a personas cercanas al excomandante paramilitar.

Conviene destacar que este proceso contra Besaile estaba en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 2019, cuando el exfuncionario se sometió a declarar ante el tribunal de paz. dos años después, la Sección de Apelación de la JEP decidió devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia puesto que Besaile no realizó aportes relevantes y sus versiones denotaban “falta de seriedad y compromiso”, en dicho punto, la jurisdicción consideró que Besaile incumplió con el régimen de condicionalidad que suscribió cuando se sometió a la JEP.

Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar estuvo aliado con Musa Besaile en negicos ilícitos. | Foto: Colprensa - El País

Procesos pendientes del exsenador

El excongresista, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en una guarnición militar en Córdoba, aún tiene pendiente un proceso por el denominado ‘Cartel de la Toga’. La Fiscalía informó que “Besaile habría pagado 2 mil millones de pesos para que que el magistrado Gustavo Malo Fernández, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendiera la orden de captura que existía en su contra en el proceso que se le adelantaba por parapolítica”.

El ente de control insistió en que el abogado de Musa Besaile, Luis Ignacio Lyons España, “había recibido la “oferta” para pagar seis mil millones de pesos con el fin de desviar la detención inmediata que ya estaba firmada por el magistrado a mediados del 2016″.

De igual forma, anunció que “contaba con toda la evidencia documental para demostrar el pago de este soborno”. Por estos hechos, en agosto de 2013 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Malo Fernández a la pena de nueve años y medio de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.

Besaile habría pagado 2 mil millones de pesos para suspender la orden de captura en su contra. | Foto: Archivo de El País

El escándalo de la parapolítica

Besaile, uno de los senadores con mejor votación en 2018, fue clave en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el norte del país y fue vinculado por varios testigos de haber entregado este dinero por medio del abogado Luis Ignacio Lyons España.

Este último había negociado todo con Luis Gustavo Moreno, quien posteriormente se convertiría en el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General.

Moreno había montado una oficina paralela con varios exmagistrados de la Corte Suprema con el fin de engavetar procesos judiciales contra aforados a cambio de millonarias sumas de dinero.

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