Sigue investigación contra Mario Fernández, primo de Verónica Alcocer, por diploma falso

Por decisión del Tribunal Administrativo de Sincelejo continúa la investigación al excongresista y primo de la primera dama, Mario Fernández Alcocer, por presentar un diploma falso. Aunque el caso estuvo en manos de la Fiscalía, el ente acusador había pedido que la investigación se archivara.

Según la investigación, el exsenador engañó a la Corporación Universitaria del Caribe, institución que en 2008 lo graduó como abogado. Fernández Alcocer llevó a la mencionada universidad un diploma de bachillerato del colegio Liceo Panamericano de Sincelejo. Sin embargo, según SEMANA, el mismo colegio negó tener registro de un egresado con ese nombre.

Seis años después, apareció otro diploma de bachiller, según el cual el excongresista había cursado su bachillerato en un colegio de Bogotá. Lo cierto es que el primo de la actual primera dama, Verónica Alcocer, presentó un diploma falso, como consta en el expediente.

Cuatro años después de recibir el proceso, un fiscal de la seccional de Sucre de la Fiscalía solicitó la preclusión, es decir, el archivo de caso bajo los argumentos de prescripción de los delitos y una supuesta atipicidad.

A pesar de que el Juzgado Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo rechazó la petición, la defensa y la Fiscalía insistieron en que el juez incurrió en varios errores, por lo que la investigación debía ser archivada.

Por esa razón, el caso llegó al Tribunal Administrativo de Sincelejo, que ratificó la decisión del juzgado. Incluso, hizo un llamado de atención a la Fiscalía por “actos de deslealtad” y falta de rigor en las actividades de investigación.

“Lo que si se observa es la deslealtad con la que actuaron el fiscal y el defensor, pues conscientes de la omisión de la juez sobre la petición que hizo este último, lo correcto era advertirle a esta la situación para que se pronunciara previo a correr el traslado para la formulación del recurso”, indicó el Tribunal.

El Tribunal de Sincelejo reafirmó que la investigación debe continuar, pero, además, puso en evidencia que algunos funcionarios de la Fiscalía deberían ser investigados por lo ocurrido en el proceso. Aunque han transcurrido cuatro años desde el inicio del proceso, el Tribunal remarcó que la salida no es la preclusión, sino “acciones disciplinarias en contra del funcionario que no ha realizado esa labor dentro del trámite previsto”.