Sigue la polémica por luz verde de Petro para cultivar coca en Colombia

Durante la Primera Asamblea de Organizaciones Cocaleras del Catatumbo (Norte de Santander), el presidente Gustavo Petro escuchó las problemáticas de la región y dijo que se debe permitir que “los campesinos puedan cultivar hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que funciona”.

Esta declaración generó polémica en el país, pues hay sectores que afirman que es darle luz verde a los cultivos ilícitos en Colombia y poner en tela de juicio el trabajo de las autoridades que, entre el periodo enero - septiembre de 2022, erradicaron de forma manual 55.678 hectáreas de coca en el territorio nacional.

Petro fue enfático en decir que es necesario “sacar al campesinado de una economía que ya no da más de lo que dio”, y sostuvo que esto debe ser gradual. “Se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual (al de la coca) o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia”, añadió el Presidente.

El Mandatario afirmó que el objetivo es que la producción sustituta tenga una industrialización en manos del campesino, pues la hoja de coca es un producto que ellos no venden en bruto, sino como pasta, es decir, sufre una transformación industrial que les garantiza más ingresos, por lo que el cultivo sustituto debe pasar por el mismo proceso para que garantice por lo menos los mismos niveles de ingreso.

“El país no deja de sorprenderse de las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, promoviendo la ilegalidad y fomentando los cultivos ilícitos en el país. Esto se une a otras propuestas del Gobierno en contra de la Constitución como invadir competencias de la rama judicial, a propósito de la liberación de los detenidos de primera línea, o como el propio partido de Gobierno que ha venido impulsando y sosteniendo la legalización de la cocaína. Estos mensajes son errados, generan alto impacto en el país y aterran a la comunidad nacional e internacional”, afirmó Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.

Lea además: Uniformado de la Policía fue asesinado en el oriente de Cali durante intento de hurto

Según los expertos, sin aspersión aérea desde hace ya seis años y con la erradicación forzada en sus niveles mínimos (en el 2022 apenas se llegará a 70.000 hectáreas, de una meta de 100.000), no es descabellado pensar que las narcosiembras van a desbordar todos los registros, como ocurrió en 2021.

Para Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados, la idea del Presidente corresponde con lo prometido en campaña y no es tan descabellada: “La propuesta del Presidente va en línea a lo que dijo en campaña y en su discurso de posesión, donde afirmó que iba a empezar a replantear la política antidrogras como está planteada”.

“Hasta hoy todos los indicadores muestran que la lucha de Estados Unidos contra las drogas ha sido un fracaso y actualmente en el país hay más coca que cuando inició el Plan Colombia. Esta es la primera muestra de una nueva mirada que el Gobierno le quiere dar a las drogas. No se sabe si es bueno o malo, porque será la primera vez que se implementará, y como venimos de una estrategia de 30 años que no ha dado resultados, pues cualquier iniciativa nueva puede llegar a ser importante”, explicó Néstor Rosanía.

“Esta es una expresión de confianza hacia las comunidades cocaleras en busca de un modelo de gradualidad en la sustitución de cultivos ilícitos, que reemplace una perspectiva tradicional de erradicación inmediata, mientras consolidan una sustitución sostenible hacia otros cultivos. Pero es precisamente este el desafío, que el Estado y el mercado legal puedan llegar a esas regiones del país en donde los espacios vacíos de la autoridad y el desarrollo han sido tomados por actores armados que propician las economías ilícitas, como el tráfico de estupefacientes”, explicó Luis Felipe Barrera, politólogo y experto en seguridad.

Barrera, añadió que es importante tener en cuenta que todavía no se conoce integralmente la política de drogas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno, el cual dará un soporte general a esta iniciativa. Según él, toca esperar que los anuncios y declaraciones se traduzcan en una política pública medible y así valorar su respectivo grado de éxito.