“Sistema carcelario no está cumpliendo con su función”: ministro de Justicia

En el despacho del ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, hay una camiseta colgada. Está enmarcada frente a su escritorio. En el pasado funcionó como lienzo, el lienzo de César Rueda, un recluso que, estando condenado a 36 años de cárcel, pintó su uniforme y ganó un concurso de arte el año pasado.

Es un símbolo de reconciliación, de segundas oportunidades. Con esa misma filosofía, el ministro Osuna viene tratando de implementar iniciativas que hagan más humana la situación de las personas privadas de la libertad.

No obstante, la principal de esas acciones, la que intentaba darle un giro a la política criminal colombiana, se estancó antes de siquiera arrancar sus controversias formales. El jefe de cartera insiste en la necesidad de convertir el esquema penitenciario nacional, así como la política que enfrente al crimen, en algo más humano.

¿Por qué humanizar el sistema penitenciario?

Porque el actual no está cumpliendo su función. Nosotros tenemos un sistema penitenciario que es muy costoso. Muy costoso, quiero decir, tres billones y medio de pesos al año. Lo que vale no sirve ni para brindarle seguridad a la ciudadanía, y es muy importante que la ciudadanía sienta que, a partir de ese esfuerzo económico, vivimos tranquilos.

No estamos logrando que las personas que pagan una pena de cárcel tengan mucho menos riesgo de reincidir. Además, tenemos en las cárceles unas escuelas del delito, una situación de vulneración de derechos humanos, una crisis. Ya es insoportable. Por eso es necesario cambiarlo por un sistema que brinde todo lo que el actual no brinda. Lo mejor que le puede brindar un sistema penitenciario a la ciudadanía es que cuando me encuentre en la calle con una persona que estuvo en la cárcel no me dé miedo. Lo mejor es que esa persona tenga su trabajo, su familia y se reintegre plenamente a la sociedad.

Precisamente, ese cambio venía de la mano del proyecto de ley de humanización carcelaria, que usted presentó en el Congreso, pero en la legislatura pasada no tuvo ni siquiera primer debate. ¿Qué pasó?

Mire, la agenda legislativa de la legislatura pasada era muy ambiciosa. Muchos proyectos de ley, primer año con el Congreso, mayorías distintas a las usuales; por supuesto que tenía mucha mayor importancia la reforma a la salud, la reforma laboral, la pensional, el Plan de Desarrollo. Eso fue aplazando este proyecto.

Sin embargo, eso nos sirvió para hacer pedagogía durante seis meses. Entonces, ahora en julio, cuando lo volvamos a presentar, ya hay mucho trabajo adelantado para que se tramite.

Ustedes lo vuelven a presentar, ¿y qué cambios sustanciales se hicieron durante este período?

Las ponencias para primer debate quedaron listas. Los principales cambios están relacionados con, digamos, suprimir la eliminación de unos delitos que el proyecto original contenía: lo de la inasistencia alimentaria, lo del incesto y algunos otros. Nos vamos a concentrar en la política carcelaria.

Lo otro son algunos porcentajes, algunas cositas. El permiso de las 72 horas de salida cada tres meses era a partir del 40% de la pena, ahora es desde el 50%. Algunos porcentajes varían, pero la idea general se mantiene.

Néstor Osuna, como académico, ¿qué piensa de que se saque, por ejemplo, la eliminación del incesto?

Los consensos son importantes. Las mayorías son importantes. Entonces, si en el ambiente parlamentario y en ciertos ambientes sociales no había clima para eliminar el incesto, pues no pasa nada. Lo más importante es que el sistema penitenciario sirva para ofrecerle seguridad a las familias, para resocializar a los presos, y luego habrá ocasión de discutir esos otros temas.

Recientemente se anunció un acuerdo para garantizar alimentación de detenidos hasta octubre. ¿Eso no es una solución meramente transitoria?

Es que esa es solo una parte de la solución. Para poner el problema en contexto, la nación, es decir, el Uspec, tiene la obligación de alimentar a los presos que están condenados en las cárceles del Inpec. Pero la alimentación de las personas presas que no están condenadas está a cargo de las alcaldías, y muy pocas cumplen esa función.

Poco a poco, por órdenes de tutela, porque finalmente alguien tiene que darles comida, la Uspec ha comenzado a darles desde hace unos años.

En septiembre del año pasado la Corte Constitucional nos dijo ‘no más. Uspec, concéntrense en las cárceles; alcaldes, cumplan con su obligación’. En ese momento, la Uspec dijo ‘de acuerdo, pero los contratos que ya tengo firmados van hasta el 31 de julio de 2023′.

Siguió pasando el tiempo, y los alcaldes, no sé, no se dieron cuenta, no tomaron las previsiones, y la Procuraduría les dijo ‘miren, ustedes desde el 1 de agosto tienen que alimentar a los presos’, entonces los alcaldes dijeron ‘no tenemos recursos, no lo habíamos presupuestado’.

“Este Gobierno está completamente comprometido con el Proceso de Paz y con su implementación. Una parte de ello es que la JEP pueda llevar a buen término sus actividades. En ese sentido, haremos todo lo necesario”.

NÉSTOR OSUNA, Ministro de Justicia.

Uno puede decir que es culpa de los alcaldes, pero el problema es que va a haber gente aguantando hambre.

Entonces, más que echarnos culpas, lo que dijimos es que el Inpec prorrogue los contratos hasta el 31 de octubre. Entre ahorita y octubre, vamos a tramitar un proyecto de ley, que creo que no va a tener ningún problema en el Congreso, para darle transitoriedad y permitir que los alcaldes que van a llegar, en los planes de desarrollo del año entrante, sí asuman esa obligación. El proyecto va a decir que se autoriza a la Uspec a seguir dándole alimentación a esos presos hasta junio de 2024, y luego le entregamos eso, ahora sí, a los alcaldes.

Otro de los temas impulsados por su gestión es el cambio en política de drogas. Inclusive, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le dio un regaño a la Fuerza Pública la semana pasada diciendo que está fallando en cifras de incautación. ¿Ese llamado de atención no es un choque, un disentimiento?

Lo que ocurre es que una de las herramientas de la política es asfixiar al narcotráfico. Para eso nuestro esfuerzo está concentrado en: incautación de cocaína y otras sustancias, interdicción, lucha contra el lavado de activos, captura de capos.

Dentro de eso, el Ministerio de Defensa se fijó la meta más ambiciosa de toda la historia de Colombia en incautación de cocaína, que es de 843 toneladas. Esa es la meta de este año. Y la preocupación del ministro es que, si bien se ha incautado muchísima, si miramos cuánta parte del año va y cuánta parte de la meta va, estamos un poquito debajo de como deberíamos ir.

Esa parte de asfixiar se complementa con otra, que es la estrategia de ofrecer a bandas criminales sometimiento, entrega colectiva, desmantelamiento. La otra parte de la política es la de darle oxígeno a los eslabones débiles de la cadena, que son los cultivadores y los consumidores.

Frente a los consumidores, un fuerte enfoque de salud pública. Frente a los cultivadores pobres, que no están en el negocio del narcotráfico, sino en la supervivencia del cultivo de hoja de coca, un tránsito a economías más prósperas dentro de la ley.