Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca, fue acusado ante la Corte Suprema por irregularidades en contrato

La Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal Víctor Salcedo, acusó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Ortega irá a juicio porque, cuando fue gobernador de Cauca, en agosto de 2014 firmó un contrato de más de 2.500 millones de pesos para ampliar 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto de López de Micay.

Sin embargo, según la Fiscalía, no acató varios requisitos de ley y recibió una obra incompleta de solo 100 metros con dimensiones alejadas de las normas.

El trámite comenzó en julio de 2013. La administración de Ortega priorizó el proyecto y le asignó un presupuesto inicial de $2,8 mil millones que salieron del sistema general de regalías. En agosto de 2014, la Gobernación le entregó la licitación a la fundación Edificando Colombianos (Edicol), una empresa caleña especializada en arquitectura.

Al final, el valor fue de $2.599 millones y el plazo para ampliar la pista fue, inicialmente, de seis meses. Pero, de acuerdo con la Fiscalía, “no se realizaron los estudios de suelo correspondientes”, tampoco se calcularon bien las medidas de una obra de drenaje transversal ni se atendió la reglamentación aeronáutica.

Según la investigación, el permiso para construir la obra fue otorgado por la Alcaldía de López de Micay, pero no pasó por la revisión de la Aeronáutica Civil, entidad que debe estudiar la viabilidad de los proyectos en aeropuertos.

La solicitud para la atención de la autoridad aeronáutica llegó dos años después de la firma del contrato. Una falta adicional fue la ausencia de una licencia ambiental para la contratación de la obra.

”En el trámite precontractual se soportó el cumplimiento del requisito con un documento del que puede afirmarse con probabilidad de verdad que es falso”, apuntó el fiscal Salcedo, en el escrito de acusación en contra de Ortega.

Como no hubo estudios previos correctos, siete días antes de que se venciera el término de ejecución el contrato tuvo que suspenderse para realizar nuevos diseños en el box culvert, es decir, en el drenaje tipo cajón que iba a ser transversal a la obra, lo que costó una adición de más de $775 millones en el contrato.

”De la construcción de los 200 metros previstos inicialmente, solo se construyeron 100 metros, por lo que la finalidad de la contratación estatal no pudo verificarse, aunado a que la pista de aterrizaje no cumple con las dimensiones establecidas en el reglamento aeronáutico”, aseveró la Fiscalía.

El órgano penal denunció que en los 100 metros construidos “se presentaron agrietamientos, ondulaciones y resaltos”. Como consecuencia de todas las falencias, “tampoco se cumplió la meta según la cual con el proyecto se lograría que llegaran aviones o aeronaves de mayor calado”.

*Con información de Colprensa.