Tiembla Polo Polo: Consejo de Estado estudia de manera anticipada 12 demandas en su contra

El Consejo de Estado determinó acelerar las 12 demandas que alegan presuntas irregularidades en la elección de Miguel Polo Polo como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes para el período 2022-2026.

Esto se da tras el pronunciamiento del Alto Tribunal, quien avaló acumular todos los expedientes judiciales en contra del congresista, y que llegaron por reparto al despacho de la magistrada de la Sección Quinta, Rocío Araújo Oñate, quien determinará si accede a las pretensiones de los demandantes.

Al ordenar una sentencia anticipada, el alto tribunal ordenó una serie de pruebas, entre ellas las que certifiquen si Polo Polo hizo parte de alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas y precisando, en caso afirmativo, el tiempo de vinculación a aquellas.

Igualmente, se pidieron certificaciones y pruebas realizados por el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, que avaló a Polo Polo, la prueba de que hace parte de alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras.

El mismo representante de la comunidad deberá entregar “la documentación pertinente, las circunstancias que se tuvieron en cuenta para avalar la candidatura del señor Miguel Polo Polo, a la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente, exponiendo pormenorizadamente, de qué manera se verificó el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, por ejemplo, la pertenencia a la comunidad”.

Según argumentan varias de las demandas que se encuentran en curso en el Consejo de Estado, Polo Polo no cumple con los requisitos para ser representante de las comunidades afro. Sumado a qué documentos oficiales en poder del Ministerio del Interior aseguran que era representante de una comunidad indígena.

Fiscalía imputará tres cargos a Óscar Iván Zuluaga por escándalo de Odebrecht

En otros hechos, la Fiscalía General de la Nación (FGN) informó este martes que imputará los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito a Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial en 2014, por el caso del escándalo de Odebrecht.

Asimismo, también serán imputados su hijo, que además fue su jefe de campaña, y la exministra Cecilia Álvarez en el marco del mismo caso. El documento de la Fiscalía sostiene: “En atención al abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo, David Zuluaga Martínez, y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen. Asimismo, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody d’Echeona, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada”.

Sin embargo, en estas imputaciones hay que detallar que se tratan dos hechos distintos, pero ambos con relación a la multinacional brasilera.

En lo que respecta a Óscar Iván Zuluaga, el ente investigador indicó que este presuntamente recibió dineros de Odebrecht sin reportarlos. Todo sucedió cuando, en 2014, el entonces candidato a la Presidencia por el Partido Centro Democrático se reunió, en su apartamento al norte de Bogotá, con Eleuberto Antonio Martorelli, exdirectivo de la compañía en Colombia.

Allí se habría pactado la financiación de esta entidad para la campaña, dinero con el cual se pagaría el aporte del publicista brasilero José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, más conocido como ‘Duda’ Mendoça, quien falleció en 2021.

“En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1′610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça”, detalla la Fiscalía.

Con esto se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución, el cual prohíbe que se reciba financiación para campañas electorales de personas naturales o jurídicas extranjeras. De hecho, Zuluaga, conociendo esta imposibilidad, reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una contabilidad de campaña que omitía dicho aporte, contabilidad con la que recibiría más de 25.000 millones de pesos por reposición de votos.