¿Tienen relación las recientes masacres?, responde Mindefensa

"Cuando decimos que el narcotráfico es el causante de esta violencia es porque en estas regiones se han identificado disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas, cultivos ilícitos, territorios para la producción de la droga", asegura el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con respecto al hilo conductor que se ha encontrado entre algunas de las masacres ocurridas en las últimas semanas en el país.

Sin embargo, con respecto a lo sucedido en el barrio Llano Verde, donde cinco menores fueron asesinados, es más cauto: “Será dentro del proceso judicial que se determinen exactamente los móviles de este crimen tan doloroso para los caleños y los colombianos, así como las circunstancias”.

Tras lo anunciado por la Fiscalía el viernes sobre la masacre de Llano Verde, hay confusión sobre si los vigilantes del predio tenían algún problema puntual con los muchachos asesinados...

Precisamente las capturas son un paso muy importante para resolver las circunstancias y móviles del caso. Esas capturas se dieron gracias a un trabajo muy profesional de 50 investigadores de la Policía y la Fiscalía, que incluyó testimonios, pruebas técnico científicas y el uso de alta tecnología en términos de criminalística. Esas evidencias llevaron a individualizaciones y en ese marco se dieron las órdenes de captura, las cuales fueron legalizadas.

¿Qué sigue en el caso?

La investigación continúa y será dentro del proceso judicial que se determinen exactamente los móviles de este crimen tan doloroso para los caleños y los colombianos, así como las circunstancias. Entiendo la necesidad de conocer en detalle qué pasó, de saber la verdad, y en ese sentido debo felicitar a la Policía y a la Fiscalía por el trabajo que permitió ubicar a los responsables en solo 16 días. Pero hay que tener en cuenta que el proceso judicial apenas inicia y que, a medida que avancen, se conocerán más detalles del mismo.

Usted dijo que el narcotráfico está detrás de varias masacres ocurridas en el país en las últimas semanas. ¿Hay algún hilo conductor que permita hacer esa afirmación?

Lo que he dicho es que algunas han ocurrido en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos, otras en zonas de frontera y otras en barrios populares de centros urbanos. En algunos casos, entonces, está la mano del narcotráfico. El hilo conductor es el contexto en el que se han registrado la mayoría de estos crímenes, no todos. Zonas donde las dinámicas criminales están asociadas a esa renta ilegal, a esa fuente de financiamiento que representa el narcotráfico para las organizaciones criminales que están detrás de estos dolorosos hechos.

Cuando decimos que el narcotráfico es el causante de esta violencia es porque en estas regiones se han identificado disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas, cultivos ilícitos, territorios para la producción de la droga.

A propósito, sobrevivientes de la masacre de Samaniego reconocieron acento mexicano en los victimarios. ¿Es evidente la presencia del Cartel de Sinaloa u otros de ese país en el suroccidente colombiano?

Respecto a los responsables de la masacre de Samaniego, su individualización e identificación avanza, por lo que es mejor esperar el resultado de la investigación. Pero es claro que el narcotráfico es un crimen transnacional, por eso siempre hemos hablado del problema mundial de las drogas ilícitas. Recuerde la reciente declaración del director de la Policía, el general Atehortúa, explicando que lo que hoy estamos viendo no es una presencia de los carteles mexicanos como estructura armada en territorio colombiano, sino de emisarios que llegan al país exclusivamente para negociar la droga. Por supuesto, esta es una situación a la que le hacemos mucho seguimiento y por eso es tan importante la cooperación de Colombia con otros países en la lucha contra el narcotráfico.

Antes de la pandemia se habló de un plan piloto de seguridad para Cali. ¿Cómo consolidarlo, ya que la criminalidad en la ciudad sigue alta?

Ya lo estamos implementando, pues hace parte de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana que lanzamos en el país, sobre la cual hemos trabajado con alcaldes y gobernadores. En el caso de Cali, incluye un plan de choque para que la actuación de la Policía sea más eficiente, con polígonos de seguridad, acercamiento del policía a la ciudadanía y la implementación del modelo de vigilancia reestructurado... también actividades de prevención y anticipación del delito junto a la Fiscalía, que ya han permitido la desarticulación de estructuras delincuenciales, y el fortalecimiento de la línea de mando de la Policía Metropolitana, lo que le da un mayor control zonal a la ciudad.

Se ha polemizado sobre los términos homicidios colectivos y masacres. ¿Para usted son sinónimos?

Esa es una polémica en la que no deberíamos estar, acá lo importante no es cómo se llama a esos crímenes tan terribles y dolorosos, sino las acciones que estamos llevando a cabo para esclarecerlos y, sobre todo, para derrotar los problemas estructurales que llevan a la violencia en nuestros territorios. Además, es una polémica injusta porque en muchas declaraciones también nos hemos referido a los crímenes como masacres, no hay un direccionamiento al respecto sobre los términos.

Cuando hablamos de homicidios colectivos es porque así, desde 2013 el Ministerio de Defensa y desde el 2003 la Policía, los categoriza en sus bases de datos y análisis estadísticos, que tienen como propósito servir de insumo para llevar a cabo análisis del comportamiento criminal que permitan tomar medidas y plantear políticas para contrarrestar este tipo de hechos.

La oposición dice que el Gobierno debe “dejar de echarle la culpa de todo al proceso de paz y asumir su compromiso con lo que sucede hoy en el país”, ¿qué responde?
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El Gobierno asume su compromiso todos los días con lo que ocurre en Colombia y con ese propósito es que trabajamos, tomamos medidas y ejecutamos acciones. Lo que no puede pasar es que desconozcamos el contexto en el que nos desenvolvemos.

¿Por qué recibimos un país con un máximo histórico de cultivos de coca? Porque hubo un desmonte, por diversas razones, de la política que había dado lugar a que las áreas de cultivos ilícitos bajaran de 151 mil hectáreas a 48 mil en 2013. Eso ocasionó un aumento exponencial en los cultivos y llevó a que las organizaciones narcotraficantes sintieran que podían delinquir a sus anchas... Nosotros tenemos identificado el problema: el narcotráfico. Y también las acciones que se deben adelantar para contrarrestarlo, que es la política integral Ruta Futuro, en la que se aborda el problema desde sus diferentes dimensiones que, para el sector Defensa, significa atacar la cadena criminal.

Se escuchan versiones sobre la presencia de la Segunda Marquetalia, la guerrilla de ‘Iván Márquez’, en el Pacífico, que pelea con disidencias por el control del territorio. ¿Qué información tiene al respecto?
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El Pacífico es, desafortunadamente, una de las joyas de la corona para los narcotraficantes, debido a las ventajas geográficas que les ofrece para la producción y salida de la droga. Hemos detectado intenciones de la bandola de Márquez, El Paisa y Romaña especialmente hacia la zona del Cauca y con proyección a Nariño. Quieren controlar desde Venezuela los territorios de los cultivos y la ruta de la droga y esto significa disputarlos con otras organizaciones criminales. Eso es lo que hay detrás, narcotráfico, esa maldita renta criminal, nada más. Y en contrarrestarla es que trabaja nuestra Fuerza Pública.

El Gobierno ha dicho que la aspersión aérea es necesaria para combatir el narcotráfico, pero justo en el Cauca ha habido fallos en favor de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. ¿Qué piensa?
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Hemos hablado de la urgencia de la reactivación de las aspersión por varias razones: permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias en promedio, es más económica y más segura, porque no pone en riesgo a nuestros soldados y policías, pues los grupos ilegales intentan proteger los cultivos ilícitos con artefactos explosivos improvisados y atacan a la Fuerza Pública con francotiradores. Pero no es la única herramienta, la erradicación manual, el año pasado, permitió la disminución del 9 % en las hectáreas de coca en el país... no puede ser que soldados y policías sepan dónde hay grandes extensiones de cultivos ilícitos y no puedan actuar. Los están obligando, en la práctica, a permitir el delito porque, según el Artículo 375 del Código Penal, “cultivar, conservar o financiar cultivos ilícitos” está penalizado en nuestro país. Es como si mañana prohibieran a la Policía capturar a un ladrón en flagrancia, pese a que en el Código Penal el hurto es un delito.

Finalmente, ¿se ratifica en que el Congreso sí aprobó la presencia de tropas estadounidenses en el país y qué tareas están adelantando ellas?

La Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Comando Sur de EE. UU. se dedica a actividades de asesoría, cooperación y entrenamiento. Son 53 militares que están en cuatro unidades militares nuestras, sin participar en ningún tipo de operaciones. Así, no constituye un tránsito de tropas que debiera ser consultado con el Legislativo. Pero, tras el fallo del Tribunal de Cundinamarca, el Gobierno suspendió sus actividades y las reactivó solo cuando se cumplió con lo que ordenaba la sentencia, es decir, que el Congreso fuera informado e indicara si ejercía su función de control político. La carta de los 69 senadores al presidente de esa corporación indica que ya se había cumplido.

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