Tras ruptura del cese al fuego, disidencias de Iván Mordisco vetarán candidatos y partidos en áreas donde tienen control territorial

Luego del asesinato de cuatro menores indígenas que habían sido reclutados por parte de las disidencias del Estado Mayor, frente Carolina Ramírez, en Putumayo, el presidente Gustavo Petro decidió suspender el cese al fuego y ordenar la presión militar contra esta organización criminal.

En respuesta a esto, el Estado Mayor Central, emitió este sábado un comunicado respuesta en la que pone en la mira a las elecciones regionales que vienen, y a los candidatos y partidos políticos, que están planeadas para el mes de octubre del 2023.

La amenaza es de tal tamaño que incluso están vetando regiones completas del país, por encima de las fuerzas militares y de policía, afirmando que zonas donde ellos tienen “control político militar”.

“Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar la campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”, señala el atemorizante comunicado.

Se trata de un escandaloso veto territorial de una organización que tiene presencia en los llanos, Nariño, la Costa Pacífica, el Catatumbo, entre otras regiones del país.

En la advertencia, que hacen pública luego del fin del cese al fuego, además señalan que “a los candidatos locales y/o provenientes de las comunidades les sugerimos respetuosamente que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar”.

El comunicado no es claro ni señala partidos en particular por lo que se convierte en una amenaza general, y el riesgo más grande para las elecciones que no tenían amenazas de este tipo desde hace por lo menos dos décadas.

La amenaza de las disidencias de las Farc es de tal tamaño que se atreven a advertir que impondrán sus propias leyes en los territorios llevando incluso a detener a las personas, conforme a las normas de la misma organización, haciendo referencia a un documento que había sido publicado por las Farc, hace 23 años, denominado “ley anticorrupción”.

“Los actos de corrupción, cómo: la compra o venta de votos, entrega de materiales de construcción, la compra de los registradores municipales, maquinaria agrícola, ofrecimiento de puestos o falsas promesas, todos estos, plenamente identificados y documentados por nuestra organización o denunciados ante las Farc por las comunidades serán sancionados conforme a la ley 003 del 2000 o ley anticorrupción”, se lee en el comunicado.

Más grave que el mismo comunicado es lo que advierte la denominada “ley 003 del 200 o ley anticorrupción”, pues señala, ante cualquiera de estos hechos, siendo juez y parte, impondrían como sanción, planteada en el artículo tercero que “Será sometido a arresto en proporción a los criterios anteriormente anotados”.

La advertencia, que ahora es responsabilidad del gobierno y de las Fuerzas Militares y de policía no permitir que se cumple, pone sobre la mesa que en las regiones donde la disidencias del Estado Mayor tengan “control político y militar” solo podrán hacer campaña quienes ellos, a dedo, consideren que pueden hacerlo.

“Los proceso políticos autónomos alternativos y/o comunitarios que hagan uso transparente y honesto del derecho a elegir y ser elegidos, como siempre son bienvenidos para las Farc a los territorios”, advierte el comunicado.