Tribunal de Bogotá tumba condena contra el empresario Carlos Mattos

El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la condena contra el empresario Carlos Mattos y ordenó al juez que la impuso que asuma nuevamente el estudio del caso.

Respecto a esta decisión el tribunal solicitó que no se negocien rebajas de pena y que se establezca realmente el daño patrimonial que generó, porque no es suficiente con los dos millones de dólares que ofreció.

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A raíz de esto, el magistrado Alberto Poveda le llamó la atención a la Fiscalía y al juez, por no tasar bien el daño patrimonial que sufrió, al parecer, por haber repartido dinero a un juez, para poder sostener el monopolio de la venta de vehículos.

“Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado”, precisó Poveda.

Además indicó que establecer las ganancias que recibió Mattos gracias a los empleados y funcionarios implica determinar el tiempo en el que la medida permitió de forma ilegal tener exclusividad en venta de vehículos. Además, la cantidad de los automotores que vendió durante ese periodo y la ganancia especifica por cada uno.

“Así, por ejemplo, si durante dicho período se vendieron 1.000 vehículos y la ganancia por cada uno de ellos a favor de Mattos Barrero o su empresa, que es lo mismo, fue de cinco millones de pesos, fácilmente se obtiene el valor que debe devolver y el monto cuyo reintegro debe asegurar”, explicó el magistrado.

Cabe recordar que la condena que fue dictada el pasado 9 de mayó, se impuso luego de que el empresario aceptara los cargos antes del juicio.

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Además, es de anotar que Carlos Mattos fue condenado por pagar una multa por 701 SMLMV para cuando ocurrieron los hechos y había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 96 meses, según la Fiscalía General.