Un mayor y tres sargentos del Ejército fueron enviados a la cárcel por presunta corrupción en un contrato de más de $ 30 millones

Cuatro militares del Batallón Vencedores del Ejército Nacional, con sede en Cartago, Valle del Cauca, fueron judicializados por cometer presuntos actos de corrupción relacionados con un contrato de más de 30 millones.

Se trata del mayor César Augusto Gaitán Losada, quien para la época de los hechos se desempeñaba como segundo comandante del Batallón Vencedores. Además de los sargentos Édison Aurelio Rodríguez Niño, suboficial de Planeamiento Logístico; Apolonides Córdoba Cuesta, jefe de Transportes del Batallón para el año 2021, y Jesús Alexander Cabanillas Salinas.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían incurrido en hechos de corrupción relacionados con un contrato de 38 millones de pesos, que en 2021 había suscrito la Alcaldía de Cartago y una estación de gasolina local, y el cual tenía por objeto proveer de Acpm y gasolina los vehículos de la guarnición militar.

El ente acusador evidenció que los uniformados certificaron tanqueos de combustible a vehículos oficiales que estaban fuera de servicio. Además de ello, estos habrían hecho constar valores superiores a los que realmente debían ser cancelados por el suministro de Acpm, gasolina, entre otros aditamentos.

“Estas acciones habrían significado una afectación en los recursos de Fondo de Seguridad Territorial (Fonset), que se cree rondan los 32 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.

Por esta situación, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Valle judicializó a los cuatro militares, a quienes se les culpó de los delitos de peculado por apropiación, peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público agravada y falsedad ideológica en documento privado.

Por decisión del juez, el mayor y los sargentos fueron afectados con detención preventiva en su lugar de residencia.

De otro lado, la Fiscalía informó que uniformados de la Policía Nacional, apoyados por soldados del Ejército, fueron los encargados de materializar las capturas de los investigados en Caquetá, Boyacá, Córdoba y Bolívar.