Un puerto a la deriva: la crítica situación que se vive en la zona rural de Buenaventura por los enfrentamientos entre grupos armados

Basta ya. Ese es el grito desesperado que lanzaron la semana pasada las comunidades negras al Gobierno Nacional para que cese el exterminio en la zona rural del principal puerto marítimo sobre el Pacífico colombiano.

Los enfrentamientos que históricamente se han registrado en Buenaventura, han aumentado en los últimos dos años dejando más de mil familias desplazadas y otras más confinadas en sus territorios.

El pasado 22 y 23 de marzo, las comunidades realizaron la Movilización Cultural por la Vida en el Territorio, en el sector El Gallinero, en la vía Cali – Buenaventura, en un intento por visibilizar y dar a conocer la crisis humanitaria que están viviendo.

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El 24, firmaron unos acuerdos con delegados del Gobierno Nacional, los consejos comunitarios y organizaciones étnicos – territoriales del Proceso de Comunidades Negras, PCN, Palenque Regional El Congal y Articulados.

Sin embargo, dos días después, 114 familias, - más de 400 personas, entre adultos y niños -, llegaron desplazadas desde la cuenca del río Cajambre hasta el barrio La Playita, huyendo de los bombardeos y disparos, de una guerra que recién se expresa en esta cuenca y en la del río Raposo, pero que ya ha dejado varios pueblos fantasmas.

A la dinámica del conflicto generado por el control del territorio, el narcotráfico y la minería ilegal, se suman las precarias condiciones socioeconómicas del puerto, donde la falta de acceso a la educación, salud y las pocas oportunidades de empleo son caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales y las bandas delincuenciales engrosen sus filas con los jóvenes del lugar.

En Buenaventura, el 80,6 % de la población vive en condiciones de pobreza y el 43,5 % en condiciones de indigencia, una verdadera paradoja si se tiene en cuenta que por este puerto se mueve el 50 % de la carga del país.

Silvano Caicedo, vocero de las comunidades negras del río Anchicayá, dijo que para que haya una verdadera paz como la que está buscando el Gobierno, se deben adelantar acciones integrales en el Distrito.

“Por eso hemos dicho que Buenaventura es un puerto sin comunidad, porque solamente se sirve como puerto pero no se tiene en cuenta a sus pobladores, a las comunidades urbanas y rurales”, expresó.

Agregó que el confinamiento y el secuestro que hay en los territorios es terrible. “Por eso, la semana pasada tuvimos que levantar la voz de protesta, a la altura de El Gallinero, para decir que las comunidades no aguantamos más porque esa paz que está ofreciendo el Gobierno no ha llegado”, enfatizó.

Por su parte, el obispo Rubén Darío Jaramillo indicó que en la zona rural de Buenaventura los grupos ilegales están disputándose ciertos territorios que antes no tenían y que eran muy pacíficos como Yurumanguí, Cajambre, Anchicayá y Raposo.

“Con la llegada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, la Segunda Marquetalia, el ELN y la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc se ha complicado todo por los enfrentamientos. Esto hace que estas comunidades, que no estaban acostumbradas a esta realidad, huyan desplazadas”, anotó Monseñor.

A la fuerza, los grupos se toman las poblaciones, no dejan entrar comida ni lanchas y hasta realizan retenes. La gente queda confinada o se desplaza intraveredalmente mientras pueden retornar, pero también se ha visto un desplazamiento gota a gota, silencioso.

“Le pedimos al Gobierno que agilice los procesos de diálogo con estos grupos para que cesen los enfrentamientos. Queremos un cese multilateral al fuego, que todos los actores paren; no se puede parar con uno y con otro no”, sostuvo el alto prelado.

Según la Personería Distrital, más de mil familias se han desplazado desde el año pasado. En el puerto hay más de 200 viviendo en condiciones indignas porque no se les presta la atención que requieren y tampoco han podido retornar a sus territorios por falta de garantías.

Mario Ángulo, del Proceso de Comunidades Negras, PCN, aseguró que tras el acuerdo de paz pensaron que la situación en el Distrito iba a mejorar, pero empeoró porque ahora ya no existe un solo actor armado sino que son cuatro disputándose un solo territorio que es la Buenaventura rural. “Tras el acuerdo entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, estos grupos han comenzado a hacer retenes en los pueblos. Esto fue lo que rebosó la copa y por eso hicimos el acto cultural en El Gallinero por la defensa del territorio”, explicó Guzmán.

Por eso, “hemos confrontado al Gobierno, porque si bien estamos en busca de la paz, no se les puede entregar territorios a grupos que no tienen nada de insurgencias”, subrayó.

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Un experto en seguridad que prefirió omitir su nombre aseguró que “así como el Gobierno alardea por lo que pasa en el ámbito urbano donde hay una suerte de paz frágil entre Shottas y Espartanos, que obedece a los anuncios relacionados con la Paz Total, tiene también que responder claramente desde el liderazgo de la Política de Seguridad y Defensa sobre lo que está pasando en la zona rural”.

Vladimir Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa, ante la pregunta sobre cuál es la estrategia de seguridad del Gobierno para el puerto, precisó que “en el caso de Buenaventura estamos realizando acciones y trabajo constante con las comunidades y autoridades locales, avanzando con la consolidación de un nuevo Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana que intervenga las diversas capas de la criminalidad, el delito y las causas que agudizan la desigualdad y vulnerabilidad de la población bonaverense”.

Afirmó que el Ministerio, las Fuerzas Militares y la Policía desarrollan operaciones tanto en el marco de la Campaña Naval Nemesis 2.0, la Estrategia San Mateo de la Policía Nacional y el Plan Ayacucho con operaciones conjuntas y coordinadas, priorizando los procesos investigativos orientados a la desarticulación de los grupos delincuenciales y a la afectación de las rentas de los grupos de crimen organizado en coordinación con la seccional de la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, indicó que el Gobierno y la Fuerza Pública trabajan articuladamente con la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, la Dirección Seccional de Fiscalías y las diferentes especialidades de la Policía Nacional, Ejército y Armada para la afectación de las estructuras de crimen organizado como el ELN, el Frente Ernesto Che Guevara, el Clan del Golfo y la Columna Móvil ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Por su parte, el almirante Carlos Alberto Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, señaló que con el Batallón 24, pero también con el apoyo del Batallón de Infantería 56, están haciendo presencia en el Yurumanguí, Cajambre, el Raposo y el Naya. “Hoy por hoy estamos en el Mayorquín y Yurumanguí, creemos que trabajando con la comunidad y entendiendo la problemática podemos ayudar y en esa tarea nos hemos puesto”, dijo el oficial.

No obstante, advirtió que “si a cada población hay que colocarle un grupo militar, habrá que entrar a mirar de dónde vamos a sacarlo, porque la solución no es militar”.