Una amenaza latente: así funcionan las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca

En el Valle del Cauca, desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, ha hecho presencia el Comando Coordinador de Occidente, disidencia de la extinta guerrilla de las Farc.

Este comando está constituido por dos grupos: la Jaime Martínez, sobre todo, en la parte del Pacífico, y la Adán Izquierdo, que actúa en el centro y norte del departamento.

En el último año, hizo aparición otra disidencia, la Segunda Marquetalia, principalmente en la zona Pacífica, en lo que tiene que ver con los ríos del sur del Distrito de Buenaventura.

Llegó de la mano con el ELN, a través del Cauca, (una alianza que se consolidó en ese departamento expandiéndose a la zona rural del puerto); subieron por las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, Raposo, Cajambre y Mayorquín.

Estos grupos tienen una dinámica muy particular, avanzan y a veces retroceden, por lo cual es muy complejo medir su tamaño, sobre todo por el lugar donde se encuentran, la zona montañosa del departamento del Cauca.

Su principal actividad económica son las rentas ilegales derivadas del narcotráfico, el control de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

En el Pacífico, en El Naya, -donde hacen presencia la Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia-, controlan la parte de la producción primaria del narcotráfico y la exportación a través del océano Pacífico con lanchas rápidas y semisumergibles, que salen, en su mayoría, desde los afluentes de esta importante cuenca fluvial.

Otra actividad que desarrollan, en cuanto a las economías ilegales, son las extorsiones, sobre todo a comerciantes y ganaderos del centro y norte del Valle del Cauca, donde tiene injerencia la Adán Izquierdo.

“Hace más de un año tuvimos una serie de masacres en algunas fincas cercanas a Buga, Jamundí y Guacarí; eran por extorsiones no pagadas y la represalia eran este tipo de ataques contra las personas que se negaban a pagar”, explica Dennis Huffington, investigador territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

Economías ilegales

Además del narcotráfico, las disidencias de las Farc tienen otras fuentes de financiación como la minería ilegal, principalmente en el Pacífico, en las cuencas de los ríos Cajambre, Raposo y el Naya, pero también en la parte alta de los Farallones.

Asimismo, asegura Huffington, tienen el control de algunos insumos de la canasta familiar a través de algunas alianzas con grupos de delincuencia organizada como La Inmaculada, en Tuluá, al igual que otras bandas que no tienen un reconocimiento propio de estructuras, pero con injerencia en las zonas urbanas de Buga, Tuluá y Cartago.

Pero además, estos grupos siguen recurriendo a la práctica del secuestro para el pago de rescate, y la retención de funcionarios que tienen que ver con el tema de tierras.

Zonas de Injerencia

Según explicó Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad del departamento, en el Valle del Cauca hay presencia de autodenominados grupos residuales en las dos cordilleras, con afectación esporádica. Es decir, no tienen asentamiento permanente en ningún municipio, pero inciden en poblaciones como Dagua, Buenaventura, Jamundí, Pradera y las zonas altas de Tuluá, Buga y Bugalagrande.

Tras su llegada, afirmó el funcionario, se activó un plan de seguridad con enfoque territorial, que “le ha permitido a la Fuerza Pública debilitarlos y ejercer el control territorial, así como garantizar la tranquilidad en las zonas afectadas”. “Por ejemplo, la Adán Izquierdo, grupo disidente de las Farc, que hace tres años tenía presencia en 11 municipios, hoy se ha visto reducido a estar solo en tres”, reiteró Murcia.

Por su parte, Juan Manuel Torres, investigador de Pares, recalcó que la Adán Izquierdo con presencia en municipios como Buga, Tuluá, Andalucía, Ginebra, El Cerrito, e incluso Sevilla, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años controlando gran parte de los territorios altos.

De igual forma, señaló que la Jaime Martínez es una de las disidencias más poderosas que se ha extendido a lugares como Dagua y Restrepo, pero también ejerce un gran control sobre Jamundí y Buenaventura.

“En Jamundí tienen el control absoluto desde la vía que va de Potrerito hacia Timba, y las partes altas del municipio, donde los cultivos de coca han aumentado de manera exponencial. A media hora del casco urbano podemos encontrar un retén de la Jaime Martínez”, anotó Torres.

Y en Buenaventura libran una fuerte disputa por el territorio, especialmente en el último año, con la alianza creada entre la Segunda Marquetalia y el ELN.

Para nadie es un secreto que el Valle del Cauca es un departamento estratégico para estas disidencias por su ubicación. “No solo por las rutas de tráfico con la Costa Pacífica, sino también por la importancia del mercado interno y la conexión con otras áreas de consumo como son Bogotá y el Eje Cafetero”, sostiene el politólogo Orozco.

Además, según Torres, estos grupos se han ubicado sobre unos corredores muy importantes como es el Páramo de las Hermosas, donde está la Adán Izquierdo, que conecta con Tolima, el Eje Cafetero y, en el norte, con el Chocó, pero también con el norte del Cauca, por el lado de la Cordillera Central.

Y El Naya, donde se encuentra la Jaime Martínez, es una de las principales salidas de estos narcotraficantes.

La paz, entre la esperanza y la duda

La Paz Total propuesta por el actual Gobierno sería la respuesta al conflicto que viven los territorios vallecaucanos, pero persisten enormes dudas.

Huffington insistió en que se debe tener en cuenta que las dinámicas de guerra han cambiado, pues ya no son estos grupos armados en contra del Estado o de la Fuerza Pública, sino que son enfrentamientos entre estas mismas estructuras armadas ilegales en todo el país.

“Lo que tendría que hacer el Gobierno o intentarlo, es un cese al fuego multilateral entre todos los grupos, que no sea solamente contra la Fuerza Pública o la población civil, sino también entre ellos”, subrayó.

Por su parte, Alberto Sánchez, investigador en seguridad, afirmó que la prospectiva todavía es muy difícil para decir qué impacto tendría sobre el departamento, pero algunas consecuencias indirectas serían reducción de la violencia.

“Si el Estado logra, y no hay una metodología clara todavía, sentarlos en unos términos de negociación o sometimiento más o menos claros, creo que el impacto positivo, potencial e hipotético, sería el desmonte, de al menos una parte, de la capacidad militar de estos grupos”.

De otro lado, Kyle Jhonson, investigador de la Fundación Conflict Responses, señaló que el Estado Central Mayor ha dicho que dejará las armas cuando ya vea las transformaciones que piden. “Es un desafío gigante, quizás el más grande y genera muchas dudas si ellos se acogerán a un acuerdo. Aunque hay mucha evidencia de que aceptarían de verdad el proceso, también hay mucha evidencia de que no. Esa es la pregunta del millón”, precisó el autor.