Uso terrestre de glifosato: ¿una estrategia del Gobierno para que EE. UU. no lo descertifique?

La posibilidad de volver a la erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato fue puesta nuevamente sobre la mesa en días recientes, luego de que el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, indicó que la utilización del herbicida para combatir los cultivos de coca se realizaría de forma manual y no con aspersión aérea, como lo limita la Corte Constitucional desde 2015.

Según el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, “esto implica, a partir de las capacidades de la Dirección Nacional de la Policía y la Dirección de Antinarcóticos, con las que ya se ha adelantado una planificación precisamente para complementar todo lo que ha indicado el señor Ministro de Defensa Nacional”.

A pesar de lo anterior, el presidente Gustavo Petro aseguró que “la política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”.

Sin embargo, el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica Iván Carvajal, contrario a lo afirmado por el Mandatario, sostuvo que la utilización de glifosato es necesaria para la erradicación de los cultivos ilícitos, sin embargo, aseguró que desde algunos sectores “han satanizado el accionar de la Fuerza Pública contra los supuestos campesinos cocaleros, que en muchos casos son organizaciones criminales completamente estructuradas que protegen una renta criminal”.

El experto afirmó que el glifosato es un herbicida que se ha usado durante décadas en la agricultura en todo el mundo y que su uso responsable ayuda a la erradicación de sembrados ilícitos como la hoja de coca.

Cabe destacar que en años recientes la erradicación ha decaído en Colombia. De acuerdo con el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa, en 2024 se erradicaron manualmente 9403 hectáreas de cultivos de coca en todo el país, una cifra muy inferior a las 20.323 de 2023.

En 2022, por otra parte, se intervinieron 68.893 hectáreas, mientras que en 2021 fueron erradicadas 103.257.

Por ello, Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, indicó que desde el punto de vista técnico, el uso terrestre del glifosato es viable en términos operativos y logísticos, “ya que permite una aplicación más dirigida que la aspersión aérea. Sin embargo, la viabilidad no puede evaluarse únicamente desde una dimensión técnica, sino también considerando aspectos ambientales, sociales, legales y de salud pública”.

Fernández explicó que Colombia tiene un marco normativo ambiental y de salud que exige rigurosos estudios de impacto antes de autorizar este tipo de intervención, “especialmente en áreas sensibles como las regiones de cultivos ilícitos que suelen coincidir con zonas de alta biodiversidad y comunidades vulnerables. Además, el uso terrestre exige presencia física en el terreno, lo que incrementa los riesgos de seguridad para los operativos en zonas con presencia de grupos armados ilegales”.

¿Una estrategia contra la descertificación?

Iván Carvajal consideró que esta medida sería una estrategia del Gobierno Nacional para evitar la descertificación por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, lo que podría acarrear consecuencias diplomáticas y el deterioro de las relaciones entre los dos países.

“Esa es una jugada diplomática y política que se está moviendo en el sentido de certificarle a Estados Unidos que se está combatiendo el narcotráfico y que por lo tanto no aplica la descertificación. De hecho, el director general de la Policía, el general Triana, junto con otros integrantes del Gobierno Nacional en el tema de erradicación están en este momento con el embajador García-Peña en Washington haciendo lobby con congresistas para evitar ese escenario”, dijo el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica.

Asimismo, Felipe Fernández sostuvo que es probable que el debate sobre el uso de glifosato vuelva “en escenarios donde se percibe presión internacional, especialmente de Estados Unidos, ante el riesgo de descertificación por ‘falta de cooperación’ en la lucha contra las drogas”.

El consultor en seguridad y paz destacó que el Gobierno colombiano actual ha promovido un enfoque de regulación, sustitución voluntaria de cultivos, desarrollo rural integral y despenalización del uso personal, “lo cual marca una ruptura con políticas tradicionales centradas en represión y erradicación aérea”.

Sin embargo, Carvajal expresó la necesidad de reformular la erradicación y luchar activamente contra el narcotráfico. “Se deben quitar los incentivos perversos a los campesinos para que sigan sembrando coca porque esos anuncios de comprar la producción o pagar ciertas cosechas de lo que hace es que se siembre más”, concluyó