Vehículo en el Cauca habría sido incinerado por disidencias de las Farc

En la madrugada de este lunes 29 de mayo, un carro fue incinerado por sujetos armados en la vía que comunica a Cali con Popayán. Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, el acto terrorista habría sido cometido por disidencias de las Farc.

Portando prendas militares, estos sujetos salieron al corredor vial para cometer el atroz acto, tal y como un el conductor víctima se lo narró al medio ‘Periódico virtual’ del Cauca.

“Me hicieron señas con una linterna prendida, y como vi que eran del Ejército, entonces les paré, en ese momento es que me gritaron, jefe, bájese y piérdase, claro, yo hice eso para después correr a esconderme, ese momento es que le prendieron candela al carro”, sostuvo.

Las Disidencias de las Farc vienen sembrando zozobra en Popayán, Santander de Quilichao y Timbío.

Reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc

“Cuando se escapan por primera vez, son castigados y obligados a cavar zanjas, hacer letrinas y a cargar leña, y si vuelven a escaparse, los someten a un consejo de guerra, donde se decide si los ajustician”.

Este testimonio, dado por un desmovilizado a las Fuerzas Militares, muestra la realidad que viven los combatientes, muchos de ellos menores de edad reclutados a la fuerza, del frente Carolina Ramírez, el grupo ilegal parte de las disidencias de las Farc, que asesinó a 4 niños indígenas en Putumayo (ese grupo asegura que fue a 3) y provocó la suspensión parcial del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Conjunto.

Este frente, que es comandado por alias Danilo Alvitzú, delinque en Putumayo, especialmente en el municipio de Puerto Guzmán y sobre el margen de los ríos Picudo, Caimán y Mecaya, en donde organiza extorsiones a comerciantes y otras violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la zona, especialmente niños y jóvenes.

Este grupo armado residual hace parte de las tres estructuras que conforman el Estado Mayor Central (EMC), junto con los frentes Teófilo Forero y Jorge Briceño, que operan en Putumayo y Caquetá. Se calcula que todo el grupo ilegal del EMC cuenta con aproximadamente 3000 miembros.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, se han emitido 34 alertas tempranas desde el 2022 evidenciando riegos de reclutamiento en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca y Atlántico.

Ese reclutamiento, que estos grupos niegan como forzado, lo usan para engrosar sus filas y una vez estos menores hacen parte de la organización son sometidos a todo tipo de vejámenes.

En el caso más grave, son presentados ante lo que ellos llaman consejo de guerra y eventualmente son asesinados, crímenes con los que amedrentan a quienes se encuentran en sus filas para evitar que deserten.

En el caso de los niños indígenas asesinados en Putumayo, las comunidades denunciaron que su asesinato se produjo porque intentaron evitar el reclutamiento, mientras que el grupo armado ilegal, en el comunicado en el que se atribuyó el crimen, los acusó de ser infiltrados de las Fuerzas Militares.

“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde, y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad ‘el Estrecho’, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego”, señala en la denuncia oficial de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, quienes fueron los primeros en culpar al grupo disidente de las Farc por la muerte de los menores.

Mientras las denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidos por estos grupos siguen creciendo así también sus estructuras. Se calcula que su accionar delictivo en departamentos como el Caquetá y Putumayo ha crecido entre un 15 y 35 % en los años recientes.

En especial, a través de la extorsión, a la que someten desde campesinos hasta funcionarios de empresas prestadoras de servicios que son citados a lugares remotos para establecer el monto que deben pagar a cambio de no ser víctimas de un atentado contra sus vidas.