Violencia en el Cauca: Defensoría ya había emitido ocho alertas tempranas

Frente a la crisis humanitaria que se registra en el Cauca, sobre todo en el norte del departamento, a raíz de la incursión de grupos armados ilegales, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que llegarán más de mil soldados a combatir esta clase de fenómenos delincuenciales.

“Acordamos unas medidas con alcaldes de esta zona del país y con el Gobernador así como con los directores de los entes de control, comandantes de Policía y Ejército que participaron en esta reunión, que para el mes de septiembre 450 soldados entrarán a reforzar las tareas de la Tercera División, como primera medida; además se instalarán en esta zona tres batallones con más militares especializados para combatir el narcotráfico y a los grupos residuales como ‘Los Pelusos’, los GAO y el ELN”, dijo el Ministro tras finalizar el consejo de seguridad extraordinario realizado en Popayán.

Para el funcionario, son importantes las tareas que se adelantarán contra la comercialización de estupefacientes y alucinógenos en pequeñas cantidades en los municipios de esta zona del país.
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Frente a la pregunta sobre si hay presencia de carteles mexicanos en el departamento, Botero respondió: “Acá a veces aparecen son unos emisarios de estas organizaciones a comprar coca, pero organizaciones como tal, no hay”.

Zozobra, incertidumbre y temor es lo que hoy padecen más de 500 personas que se encuentran en estado de confinamiento en Suárez, Cauca, esto por cuenta de los enfrentamientos que ha sostenido el Ejército y las disidencias de las Farc, como lo dejó ver una alerta emitida por la ONU.

Según lo expuesto por el ente internacional, la mayoría de personas, que pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, se alojaron en la caseta comunal de la vereda Bellavista como medida de protección para resguardarse de las hostilidades y el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.

Por este hecho extremo, el organismo solicitó al Gobierno emitir acciones de prevención, mitigación y protección para los lugareños. Sin embargo, este no es el único llamado que ha recibido el Estado para que entregue ayuda humanitaria y garantice la seguridad en ese departamento.

La Defensoría del Pueblo, en ocho ocasiones y desde el año pasado, ha llamado la atención a entidades del Gobierno para que vuelquen su mirada a esa zona y eviten una situación similar o peor a la que hoy padecen los campesinos e indígenas.

Lo que llama la atención es que en las alertas, el órgano defensor fue enfático en asegurar que a los ciudadanos los están acechando las disidencias de las Farc, el ELN, el ‘Clan del Golfo’ y hasta el EPL, este último grupo que no tiene injerencia en esta zona del país.

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El primer llamado fue claro, lo hicieron el 2 de enero 2018, donde alertaban que al menos 3000 habitantes de la cabecera municipal de Suárez y 7165 de los corregimientos Asnazú, Agua Clara, Betulia y Los Robles, estaban en riesgo debido a la disputa entre los grupos armados que pretendían conseguir el dominio del territorio.

Para la entidad, todas estas actuaciones violentas se han desencadenado por dos razones: la falta de presencia del Estado y la posición geográfica del departamento. El primero de ellos, relaciona la ineficiencia del Gobierno por implementar el acuerdo de paz con las Farc en ese territorio, pues si bien hubo una firma de por medio, en esta zona del país aún no hay autoridades estatales que brinden seguridad y labor social completas a la ciudadanía.

Por este primer hecho, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en sus documentos emitidos, ha considerado que esa ha sido la mayor falencia y por la que hoy la situación en el Cauca es grave. Pues cientos de indígenas y campesinos han tenido que tomar alternativas al margen de la ley para subsistir en su territorio.

Esto, sumado a la ubicación geográfica del departamento, hace que los lugareños se conviertan en un blanco fácil de la ilegalidad.

Pero ¿cómo los grupos al margen de la ley se han ganado ese puesto en la zona? Según los informes de la Defensoría, la modalidad más común es emitir panfletos en los que imponen restricciones a la movilidad de las comunidades y nuevas “reglas” para la convivencia, por lo que estas acciones se terminan convirtiendo en amenazas para los pobladores.

En este caso, lo que ha alertado la Defensoría es que “se ha impuesto condiciones a las personas que subsisten del cultivo ilícito para la comercialización en la cadena de producción de narcóticos, desde la producción de hoja de coca, hasta los cobros por gramaje a la venta de pasta base o las condiciones del transporte”.

Bajo ese entendido, lo que explicó el informe es que los lugareños terminan optando por regalar su trabajo a las actuaciones ilícitas por la presión que ejercen los grupos al margen de la ley, tanto así que las iniciativas del Gobierno tales como el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se ven opacadas y quienes reiteran su idea de continuar en actividades legales son declarados un “objetivo militar”.

Tal situación es conocida por las autoridades locales, por esto, en una segunda entrega de alertas la Defensoría si bien se enfatizó en el daño que le hacían los grupos a la población también alertaron sobre la preocupación de los entes locales, que manifestaron la desaparición forzada, la extorsión, el secuestro, el confinamiento entre otros sucesos que venían ocurriendo en la zona.

Por esto, y como un SOS, las autoridades locales le expusieron a la Defensoría que podría existir “una proliferación” de grupos insurgentes en las zonas rurales, de ahí que haya un incremento en las acciones violentas contra la población.

En ese entonces, si bien las autoridades no descartaron la alerta, lo que hicieron fue aumentar el pie de fuerza, pero al día de hoy parece no haber surtido efecto tal solución, pues en una tercera alerta emitida se advierte que en esa zona del país, exactamente en Miranda se ha registrado “una reconfiguración” de los grupos armados que mantiene en riesgo a la población civil.

Así las cosas, lo que documenta la entidad defensora es que en esa zona del país ha surgido la denominada ‘Disidencia Unida’, que en este caso es la unión de militantes del frente Sexto y las columnas Gabriel Galvis y Jacobo Arenas de las extintas Farc.

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Para la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), entre el 1 de julio y el 10 de agosto de este año se han registrado 57 ataques en contra de su comunidad.

La organización aseguró que indígenas que se encuentran promoviendo actividades pacifistas en la región son los que han sido atacados últimamente. La Defensoría también había reportado esto.