El duro impacto de la violencia en las reservas ambientales protegidas del país

En al menos 20 de los 58 parques nacionales naturales de Colombia hay presencia de grupos armados ilegales, los cuales se están convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad del país. Y es que desde hace tres años el avance de cultivos de coca, y de la ganadería y minería ilegal se ha movido hacia zonas de alto valor medioambiental como Catatumbo y la Amazonia.

Según datos entregados por el Sistema de Información Ambiental para la Amazonia Colombiana, Siatc, entre enero de este año y el pasado 24 de febrero se registraron 6.975 puntos de calor (que muestran incendios activos o en alto riesgo de registrarse) solamente en el departamento del Meta. Aunque no todos tienen que ver con el accionar de violentos, las autoridades locales dicen que el 80 % de las conflagraciones son provocadas por manos criminales.

En inmediaciones de esa zona, en el parque Tinigua y en la Serranía de la Macarena, hace apenas 15 días se registraron incendios que tardaron en controlarse más de una semana y que arrasaron con 150 hectáreas, terrenos que van a necesitar al menos 20 años para recuperar la fauna y flora que se destruyeron por las llamas.

El Ejército Nacional es enfático en señalar al narcotráfico como la causa principal de la deforestación en zonas las protegidas del país. Seguido de la minería ilegal y, en ese mismo renglón, la ganadería irregular.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, explica que además se presentan hechos violentos como quemas de árboles que se hacen como retaliación en contra de las acciones de la llamada Campaña Artemisa, que nació  para cumplir la sentencia 4360 de la Corte Suprema, emitida en 2018 y que declara la Amazonia como sujeto de derechos.

“Existen varias razones por las que los Grupos Armados Organizados, GAO, y los Grupos Armados Organizados Residuales, GAOR, realizan estos destrozos en zonas protegidas, la primera es para ampliar su economía ilegal y la segunda es para contrarrestar las acciones del Ejército y replegarse en la zona”, afirma Navarro.

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Añade que en este momento, alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Farc, es el principal deforestador de la zona de la Amazonia colombiana porque el tráfico de cocaína se ha convertido en uno de sus pilares económicos del grupo armado. Y añade que por la ubicación geográfica de su zona de influencia tiene opción de movilizarse a Venezuela y Brasil.

Justamente, esas rutas de tráfico de drogas y armas a esos países vecinos también llevan a que se ataque la biodiversidad, ya que, cómo lo explica el Comandante de las Fuerzas Militares, deben talar árboles para crear las sendas de tránsito entre uno país y otro.

En este sentido, las zonas más afectadas por el tránsito de ilegales son Guaviare, Meta y Caquetá.

La extinción de la guerrilla de las Farc después de la firma del acuerdo de paz en 2016 dejó una suerte de vacío de poder en zonas naturales protegidas. Y aunque excomandantes farianos como alias Romaña también estaban acusados de deforestar para sembrar hoja de coca, denuncias de la Defensoría del Pueblo indican que tras la salida de los guerrilleros, los problemas de medio ambiente aumentaron hasta en 100 %.

“En esos momentos en que no había el proceso de paz, la deforestación la controlaban ellos [las Farc]. Los campesinos informan que ellos les decían anualmente que podían tumbar media o una hectárea y era para sembrar la comida”, indicaron delegados de Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría en 2019, cuando visitaron la zona para realizar evaluaciones medioambientales.

Para poner un ejemplo del impacto de la llegada de disidencias y el ELN a ocupar sitios que estaban controlados por las Farc se pueden comparar las cifras de deforestación cuando las Farc estaba en armas en 2015. Para ese año, en el departamento del Guaviare se habían afectado 6.800 hectáreas, mientras que en el año 2017, un año después de que se firmará el acuerdo, la deforestación afectó más de 38.000 hectáreas.

“Infortunadamente, una vez acabó el conflicto con las Farc, el Estado colombiano no ocupó lugares muy estratégicos como el de la Serranía de la Macarena. De alguna manera, esos territorios que quedaron en manos de los grupos disidentes y de empresarios criminales. Lo digo así porque violan la ley permanentemente y tienen interés constante en deforestar en lugares cercanos a los parques. A pesar de que Colombia tiene una Fuerza Pública fuerte, los cultivos de coca en estas áreas han aumentado de forma desmesurada y estamos viendo las consecuencias”, explica el profesor universitario y exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra.

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El mismo Ejército confirma que al menos 5% del total de 14 millones de hectáreas de parques naturales están sembradas con coca al comenzar 2020.

El general Navarro señala que la estrategia de los grupos armados, aunque no especifica cuáles, es pagar 1.900.000 pesos a colonos y campesinos para que se encarguen de tumbar largas extensiones de selva con motosierras. Después de un mes de que los troncos de árboles talados ya están secos, se les ordena iniciar incendios para despejar más terreno y sembrar coca.

También se conocen denuncias, registradas por DeJusticia, en las que se habla del traslado de colonos desde los departamentos de Caquetá, Arauca y Santander hacia el Meta para ocupar terrenos sin propietarios, como baldíos o áreas protegidas de parques.

A finales del 2019, el hoy exalcalde del municipio de Puerto Rico, en el Meta, denunció la movilización de personas con hasta 800 cabezas de ganado por la zona montañosa de la zona, alcanzando terrenos en Guaviare.

Y aunque la presencia de campesinos en las fronteras de los parques ha sido histórica, en promedio ellos tienen grupos de 12 a 15 reses para su sostenimiento. En el parque natural Tinigua denuncias de la Procuraduría que hablan de que solo dentro del parque la Tinigua hay 600 familias con al menos 60.000 cabezas de ganado, lo que significa un terrible impacto ambiental.

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La situación en las zonas naturales protegidas hace más grave el trabajo de los guardabosques del país.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dice que al menos 20 guardaparques del país han recibido amenazas de los ilegales.

La denuncia hecha por un antiguo director de esta organización dice que 10 funcionarios ubicados en los sectores de Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya, ya salieron de allí luego de que hombres armados los amenazaran a principios de este mes.

La creación de una nueva Fuerza de Tarea Ambiental que recoja y unifique las capacidades disponibles de la Fuerza Pública para proteger la biodiversidad y el medioambiente en el país fue anunciada esta semana por el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

La Fuerza de Tarea Ambiental, explicó, contará con integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y entrarán a reforzar la Campaña Artemisa, que se ejecuta desde abril de 2019 en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Ambiente. 

"Esta campaña cuenta con 22.300 integrantes de la Fuerza Pública que han realizado 244 operaciones en Putumayo, Caquetá y Guaviare, así como en áreas protegidas de distintos Parques Nacionales Naturales", dijo el Ministro y recalcó que esta campaña ha recuperado 5.300 hectáreas de Parques Nacionales Naturales. 

Además, dijo que se han recuperado 316 aves, 3.974 especies entre mamíferos y reptiles, 9.075 peces, y se han incautado 31.254 kilos de pesca ilegal. También se han incautado 21.564 metros cúbicos de madera, y se han brindado 130 apoyos para el control de incendios forestales.