25 años de chavismo en Venezuela: el camino hacia la autocracia

Por Txomin Las Heras Leizaola*, especial para El País

Si algún legado destaca en los 25 años del régimen chavista que se están cumpliendo con la llegada al poder de Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 ha sido la instauración de un régimen autocrático que pretende perpetuarse en el poder a cualquier precio, bien sea recurriendo a artimañas electorales, sometiendo a su pueblo a impensables penurias económicas, recurriendo a la prisión y tortura de sus críticos, cerrando medios de comunicación o generando la migración de ocho millones de venezolanos.

La última demostración del carácter despótico del régimen que inauguró Hugo Chávez y ha continuado Nicolás Maduro lo acabamos de ver con la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a la candidata escogida democráticamente para representar a la oposición venezolana, María Corina Machado, en abierto desafió a los acuerdos de Barbados firmados a finales del año pasado para buscar una salida democrática en el país a través de la celebración de elecciones competitivas en el segundo semestre de 2024.

Las palabras pronunciadas por Chávez en el acto de su juramentación como presidente venezolano hace cinco lustros, cuando sostuvo que tomaba posesión del cargo ante la “moribunda constitución” que pretendía y logró sustituir, ya presagiaba la intención de poner en práctica una política refundacional para dar al traste con el entramado institucional que la democracia venezolana había construido en los 40 años previos.

Venezuela es hoy un país sin contrapesos institucionales, pues las decisiones se toman de acuerdo con los intereses del Ejecutivo, debido a que las instituciones no son independientes y están sujetas a cumplir sus órdenes, como es el caso de la Fiscalía General o la Contraloría General, dedicadas a procesar a los opositores, en el caso de la primera, o inhabilitarlos, en el caso de la segunda. La Asamblea Nacional monocolor fue elegida en unas elecciones no competitivas y el Consejo Nacional Electoral es cualquier cosa menos un organismo imparcial.

La gallina de los huevos de oro de la otrora potente economía venezolana, la estatal petrolera PDVSA, desmantelada y mal manejada, pasó de ser de una de las principales empresas petroleras del mundo, cuando producía más de 3 millones de barriles diarios, a generar no más de 800 mil barriles por día.

Este es, sin duda, uno de los factores que explican la profunda crisis económica venezolana que la llevó a perder el 80 % del Producto Interno Bruto y una pobreza generalizada que se expresa, entre otros indicadores, en un sueldo mínimo de cuatro dólares mensuales, tal vez el más bajo del mundo.

El país dilapidó los más grandes recursos recibidos en su historia, no solo por la impericia de los gobernantes, sino por llevar adelante políticas anacrónicas sustentadas en expropiaciones y estatizaciones y, lo que es peor, todo bajo un esquema generalizado de corrupción que ha enriquecido a muchas autoridades, sus familiares y aliados políticos.

Las consecuencias de todo esto pueden apreciarse en una crisis social monumental que se ha expresado en el retroceso de indicadores de salud, educación, nutrición, mortalidad infantil y expectativa de vida, por citar algunas áreas, y en una crisis de servicios públicos que impide que los venezolanos puedan acceder de manera regular a agua potable, electricidad, gas para cocinar, gasolina y transporte público.

La represión en Venezuela durante estos años ha sido brutal y ha merecido no solo la atención de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, sino de la propia Organización de las Naciones Unidas. Miles de venezolanos han pasado por la cárcel, muchos han sido torturados y otros, incluso, asesinados, cuando han estado en poder de las autoridades. No en balde el Tribunal Penal Internacional tiene abierta una averiguación por crímenes de lesa humanidad.

En el plano internacional, Venezuela ha terminado aislada, como consecuencia de las sanciones que pesan sobre el país y sus gobernantes actuales, así como por el repudio que ha recibido del mundo democrático, debido a su deriva dictatorial.

Todos estos señalamientos explican que casi el 25 % de la población de Venezuela haya decidido abandonar el país y generar uno de los mayores fenómenos migratorios del mundo, un dato que el Gobierno de Venezuela no puede esconder, puesto que ha impactado a todas las naciones del continente americano y a Colombia en particular, que ha recibido a casi tres millones de estos venezolanos.

*Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, así como presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.