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¿Cómo se resolverían los líos jurídicos que se avecinan entre Trump y Biden?
Si Donald Trump es derrotado por un margen ínfimo de votos en algún estado decisivo, en EE. UU. se podría repetir el litigio por las presidenciales del 2000.
Demócratas y republicanos se preparan para librar una batalla judicial que permitirá resolver las disputas que se han presentado por el escrutinio de votos en las elecciones y definir el ganador de las presidenciales estadounidenses.
El miércoles, Donald Trump, que aspira a la reelección, dijo estar listo para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que resuelva el lío suscitado por el recuento de los votos en Wisconsin, donde ganó Biden por un poco más de 20.000 sufragios. “La Comisión Electoral de Wisconsin deberá reunirse no después de las 9:00 a.m. del tercer día después de la recepción de la orden de recuento”, indican las reglas del estado.
Asimismo, la campaña de Trump pidió parar el escrutinio en Michigan, donde Biden lo aventaja 50,6 % sobre 47,9%, con el 99 % de los votos escrutados. En ese estado, la jueza Cynthia Stephens rechazó la demanda para detener el recuento de votos, al igual que lo hizo el tribunal de Georgia.
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Sin embargo, el actual Presidente sí consiguió que los observadores de su campaña pudieran supervisar más de cerca el conteo en Pensilvania.
En Nevada, por su parte, la campaña reeleccionista argumentó que personas fallecidas, indocumentadas e incluso mudadas de ese estado participaron en los comicios, pero no mostraron ninguna evidencia.
Así las cosas, la determinación de Trump de cuestionar los resultados reavivó la hipótesis de que, como en el 2000, la Justicia sea la que tenga que decidir cómo los estados pueden escrutar los sufragios o hacer recuentos.
El voto por correo adquirió gran relevancia en estos comicios: casi 100 millones de personas han votado por adelantado, dato que representa el 72,3 % de las que votaron en 2016.
El precedente judicial
En ese entonces, las elecciones entre el republicano George Bush y el demócrata Al Gore dependieron de la Florida. Bush tenía una ventaja de apenas 537 votos sobre seis millones en ese estado y hubo numerosos problemas con las papeletas, una tarjeta que los votantes tenían que perforar.
El equipo de Gore solicitó un recuento de los sufragios en ese estado y la campaña de Bush llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, que decidió detener el recuento de los votos, lo que le dio la victoria definitiva al republicano.
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Este tipo de casos suelen llegar al Alto Tribunal estadounidense después del fallo de un juez local y de otros tribunales de apelaciones.
En el 2000, tras cinco semanas de deliberaciones, la Corte dio por válido el resultado inicial –desautorizando así al Supremo de Florida– por cinco votos de los magistrados contra cuatro.
No obstante, el Alto Tribunal ha sido muy cauteloso en cuanto a involucrarse en asuntos electorales que son regidos por leyes de los estados.
¿Prosperarán las demandas?
Los expertos aseguran que esas demandas solo pueden resultar útiles si se centran en un problema real y la distancia entre los dos candidatos es reducida.
Y es que, según leyes estatales, los aspirantes a la Presidencia de los Estados Unidos pueden solicitar un recuento si el margen de ventaja del ganador es menos del 1 %.
La campaña de Donald Trump está decidida a acogerse a esa posibilidad, tras subrayar que siempre esperó que el margen entre ambos candidatos fuera “ínfimo”.
No obstante, Derek Muller, profesor de derecho de la Universidad de Iowa, cree que ningún candidato presentará demandas si está significativamente a la zaga en varios estados.
“Si eso ocurre en un solo estado”, dice, “entonces sí espero litigios”. Pero si el margen de diferencia es de dos o tres puntos porcentuales -unos 100.000 votos en el caso de Pensilvania-, “es bastante difícil litigar”, añadió.
Los expertos aseguran que las demandas de Trump solo pueden resultar útiles si se centran en un problema real y la distancia entre los dos candidatos es reducida.
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Entre tanto, la campaña de Joe Biden aseguró que tenía equipos legales listos para contrarrestar cualquier demanda.
“Si el Presidente cumple su amenaza de ir a los tribunales para tratar de evitar la tabulación adecuada de los votos, tenemos equipos legales listos para desplegarse y resistir ese esfuerzo, y vencerán”, aseguró la directora de la campaña, Jen O’Malley Dillon, en un comunicado.
Mientras tanto, Nicholas Whyte, quien dirige un blog electoral para APCO Worldwide, firma consultora en Bruselas, aseguró que el actual Mandatario no ha expuesto ninguna razón para interponer una potencial acción legal, y añadió que tampoco está claro a qué irregularidades apuntarían sus abogados.
“Por supuesto, antes de que llegue a la Corte Suprema, de todos modos, tendría que ir a los tribunales locales, por lo que esta conversación de llevarlo directamente a la Corte Suprema es una exageración que no se puede hacer”, aseveró Whyte.
La disputa
Las acciones legales del equipo de Trump atacan un aspecto característico de los comicios de este año: el voto por correo debido a la pandemia del coronavirus.
El covid obligó a los estados, responsables de fijar sus normas electorales, a promover el sufragio postal y a cambiar las reglas sobre cómo y cuándo se iban a recoger, verificar y contabilizar.
Debido a la sobrecarga del servicio postal, las autoridades electorales extendieron el plazo de recepción de votos y prolongaron el tiempo para contarlos.
Los republicanos alegan que algunos de esos cambios se aplicaron indebidamente para favorecer a Biden.
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En Pensilvania, la campaña de Trump dijo que se iba a sumar a una demanda presentada por los republicanos antes de las elecciones sobre la extensión del plazo para recibir el voto postal en ese estado.
Si ganan esa batalla legal, podrían descalificarse miles de votos entregados a las autoridades electorales después del día de las presidenciales.
La Corte Suprema de Pensilvania ya dictaminó que era legal la extensión de plazo, y el caso llegó la semana pasada a la Corte Suprema federal, que se negó a implicarse en ese asunto. Sin embargo, el tribunal dejó la puerta abierta para un recurso después de las elecciones.
