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ESTADOS UNIDOS
Corte de Cabo Verde ratifica extradición de Alex Saab a Estados Unidos
Los abogados del empresario colombiano habían apelado la aprobación de la extradición en agosto pasado. Saab es señalado de gestionar una red de corrupción en beneficio de Nicolás Maduro.
Un tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición hacia Estados Unidos del empresario Alex Saab, detenido en el archipiélago africano y acusado por Washington de lavado de dinero, indicó este lunes su defensa, que apelará el fallo.
"El Tribunal de Apelación de Barlovento de Cabo Verde ha decidido hoy a favor de la extradición" de Saab, decisión que "no es de extrañar", apuntó un comunicado de los abogados.
Estados Unidos acusa a Saab de gestionar una vasta red de corrupción en beneficio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas.
La oposición venezolana lo considera el "testaferro" del mandatario socialista.
Su defensa, continuó el documento, "apelará a la Corte Suprema de Justicia, e impugnará de la manera más enérgica posible la injusticia de la decisión de hoy".
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En agosto pasado, un tribunal de Barlovento había dado luz verde a la extradición de Saab, detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde, a mediados de junio. Sus abogados apelaron entonces la decisión.
El gobierno de Maduro, que considera su detención "arbitraria", pidió en septiembre una "medida humanitaria" para el empresario de 49 años, alegando que había sufrido "maltrato" y "torturas".
Un tribunal regional ordenó detener la extradición, pero el proceso sigue su curso.
Saab y su socio Álvaro Pulido fueron acusados en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos, en el cual habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban.
Washington, que encabeza la presión internacional contra Maduro, a quien tilda de "dictador", ha impuesto sanciones contra quince empresas vinculadas a Saab, incluidas en una lista negra estadounidense como "beneficiarias".
Si son hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión.
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