Dina Boluarte cumple un mes de gobierno, con una crisis que no cede en Perú

Dina Boluarte cumple un mes de accidentado mandato en Perú, con 22 muertos en protestas que piden su renuncia y la búsqueda de consensos para aplacar la crisis que dejó la destitución de su predecesor, Pedro Castillo.

En la región Puno (sur), donde se concentra el grueso de las protestas, enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejaron a 10 civiles y cuatro policías heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Los choques ocurrieron cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, que según las autoridades fue cerrado por mantenimiento.

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Un vehículo de transporte policial fue incendiado por un grupo de personas no identificadas, según imágenes de la prensa local.

"Respetamos el derecho a la protesta pacífica de la población, pero el mensaje de la mayoría es que no queremos que nuestro país siga en la inestabilidad (...) queremos vivir en paz", dijo Boluarte el viernes en una ceremonia oficial.

De 60 años, es la primera mujer en gobernar Perú y la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años, en un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.

Boluarte se comunica en quechua con miles de peruanos que piden su renuncia en zonas rurales, campesinas e indígenas del sur del país, y que tienen a este idioma ancestral como lengua materna.

Las manifestaciones estallaron el 7 de diciembre, luego que Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el gobierno en reemplazo del izquierdista Castillo, destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado y su detención por rebelión.

Aunque se considera de izquierda, es vista como "traidora" por las comunidades que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída, ahora la respaldan.

Para contener la primera arremetida de protestas, Boluarte autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, bajo un estado de emergencia.

En diciembre, 22 personas murieron en enfrentamientos, varias baleadas en choques con militares. Unas 600 resultaron heridas.

El gobierno denuncia una estrategia organizada para atacar los activos críticos del país, como aeropuertos, y asegura que es promovida en parte por personas ligadas a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que sembró el terror en el Perú entre 1980-2000.

El grueso de los manifestantes, de zonas con amplias demandas sociales, rechaza esa acusación.

La Fiscalía investiga a la gestión de Boluarte por las muertes, bajo cuestionamientos de un uso excesivo de la fuerza y denuncias de asesinatos de personas que no protestaban.

Las manifestaciones piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.

Tras una tregua por fiestas de fin de año, las protestas se reactivaron el miércoles en al menos 29 de las 195 provincias del país, una menor proporción respecto de diciembre.

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Estas ocurren en Cusco, Puno, Madre de Dios (sureste) Ica (suroeste), Apurímac (centro sur), Moquegua, Tacna (sur), Huánuco, Junín (centro) y Cajamarca (norte). Son sectores donde Castillo, un maestro rural, tiene apoyo.

"El gobierno de Boluarte es extremadamente débil, como demuestra el hecho de que recurra a la fuerza. (...) Se equivocó en las alianzas al acercarse a las fuerzas que no solo perdieron las elecciones, sino que se negaron a reconocerla", dijo el politólogo Alonso Cárdenas.

"Ha amainado la respuesta dura militar (...) pero el Gobierno ya está seriamente afectado por su pecado de origen", agregó.

Boluarte convocó la próxima semana al "Acuerdo Nacional", foro que reúne a los poderes del Estado, sociedad civil, agrupaciones religiosas, gremios empresariales y trabajadores.

"Abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social", comentó.

En un intento por amainar la crisis, el Parlamento aprobó adelantar las elecciones de 2026 para abril de 2024. Pero no ha sido suficiente.

"Boluarte tendrá que negociar sobre elecciones anticipadas (...) y referendo sobre Asamblea Constituyente" para reformar la Constitución de 1993, otro pedido que no encuentra consenso, comentó el cientista político Alberto Adrianzén.

"Si no hace ese giro, continuará presa de los sectores más duros de la derecha (...) Tendrá que acercarse a la población y a los sectores moderados del Congreso", de lo contrario "podría ser sacada del cargo, por una renuncia o por vacancia", agregó.

Perú responsabiliza al expresidente de Bolivia Evo Morales, aliado de Castillo, de azuzar las protestas en Puno y evalúa si permite que ingrese al país.

Las autoridades dicen que han identificado a cinco bolivianos como instigadores.

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Boluarte llamó en consulta a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia, cuyos gobiernos respaldan a Castillo. Este viernes cesó a la representante en La Paz.

Tras la detención de Castillo, su esposa, Lilia Paredes, y sus dos hijos se asilaron en México, por lo que Lima pidió al embajador mexicano retirarse del país.

La fiscalía pidió este viernes 36 meses de prisión para Paredes, investigada por integrar una supuesta organización criminal que traficaba influencias en el gobierno de su esposo.