La dura medida de Trump que afectará a los inmigrantes legales en EE.UU.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este lunes una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una "carga pública" para el país.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

"En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses", detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

"Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una 'green card' (permiso de residencia permanente"), subrayó Cuccinelli.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las "green card" (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.

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Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una "carga pública" para la Administración, es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

"A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos", dijo Cuccinelli.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.

Pero también puede determinar la concesión de un visado legal al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a la hora de interpretar si un extranjero "es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública".

De acuerdo con el Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.

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Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.

De hecho, grupos defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.

Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.

En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.

Algunos analistas políticos han considerado que estos últimos movimientos de Trump en materia migratoria tienen como objetivo agitar a su base de votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre de 2020.

La decisión de Donald Trump fue considerada por varias organizaciones sociales como un ataque a la democracia y una forma de "penalizar" el acceso de los niños a la comida.

"Al penalizar a la gente que tiene algún tipo de subsidio público, alimentos, las estampillas para la comida o ese tipo de cosas, básicamente se está penalizando a los niños, el acceso a la comida de los niños, de las familias inmigrantes de bajos recursos", dijo Isaías Guerrero, de la organización Fair Immigration Reform Movement, Firm.

Para Guerrero, esto supone también un ataque a la democracia, "que básicamente ha creado estos programas para poder ayudar a las familias a que salgan adelante".

"Esta última acción tomada por la Administración Trump puede forzar a familias inmigrantes a escoger entre poner comida sobre la mesa y solicitar ayuda médica; o forzarlos a irse del país", se quejó en una declaración el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez.

La vicepresidenta de Tecnología de interés público y de iniciativas locales en New America, Cecilia Muñoz, señaló que el Gobierno Trump está "usando la política para eliminar la elegibilidad de muchos de los que típicamente consiguen visas y tienen éxito en Estados Unidos".

"Y eso es porque tenemos una Administración que realmente quiere reducir la inmigración y está usando cada posibilidad para hacerlo", opinó Muñoz.

Carlos Gutiérrez, que entre 2005 y 2009 fue secretario de Comercio durante el Gobierno del republicano George W. Bush, apuntó que esta acción "manda el mensaje de que no queremos inmigrantes" y buscar hacerle "la vida más pesada a los inmigrantes".

"Hay que sumar esa decisión de hoy con todo lo demás que se está haciendo. Es una política antiinmigrante, es una política antipersonas que son diferentes. Yo creo que quieren güeritos (rubios), no sé. Pero se ve que esta es una Administración que no le gustan los inmigrantes", agregó.

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El presidente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés), Andrew Selee, manifestó su preocupación porque personas que están tratando de cambiar su estatus migratorio "sean menos propensas a usar beneficios públicos a los cuales tienen derecho en este país", lo que consideró "puede afectar la salud y el bienestar de las familias".

"Este país siempre se ha beneficiado del flujo de personas que viene de todo el mundo, es parte central de la innovación, del dinamismo económico de este país, de la fuerza laboral", sostuvo el experto.

Mientras, Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights de la localidad de El Paso, Texas, consideró que Trump se inclina por "aquellos migrantes ricos que pueden demostrar que no van a ser una carga pública".

"Queda claro que ahora su ataque contra la migración legal es parte de su campaña antiinmigrante, antiinmigración en general, ya no importa si es indocumentada o no (la persona)", puntualizó García, para quien la actual política fronteriza "está matando niños en la frontera", "construye muros absurdos" y tiene "una narrativa, una retórica de odio y de racismo".

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