La situación política en Corea del Sur atraviesa un momento crítico tras un fallido intento de arresto del presidente suspendido Yoon Suk Yeol. Según reportes de la agencia Yonhap, investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción ingresaron a la residencia presidencial con la intención de ejecutar una orden de captura, pero fueron bloqueados por una unidad militar que se encontraba dentro del recinto.

El operativo judicial, que buscaba detener a Yoon por su presunta implicación en la declaración de la ley marcial hace un mes, quedó interrumpido, generando una escalada de tensión en el país. La residencia presidencial permanece cercada por un extenso cordón de seguridad, mientras partidarios del mandatario suspendido se ha congregado en los alrededores para expresar su apoyo.

Alrededor de la residencia, cientos de simpatizantes coreaban consignas a favor de Yoon, calificando la orden de arresto como “ilegal” y denunciando una persecución política. Algunos incluso acamparon durante la noche en las cercanías, en una muestra de resistencia frente a las acciones judiciales.

Por otro lado, grupos opositores al presidente también se han movilizado, elevando el riesgo de enfrentamientos entre ambas facciones. Para controlar la situación, las autoridades desplegaron 2.700 agentes de policía y 135 vehículos en la zona, intentando evitar choques entre los manifestantes.

Este episodio se produce en un contexto de alta polarización en Corea del Sur, donde la figura de Yoon Suk Yeol divide profundamente a la sociedad. Mientras sus seguidores lo ven como una víctima de maniobras políticas, sus críticos argumentan que debe responder ante la justicia por las acciones tomadas durante su mandato.

Sin precedentes

Es la primera vez en la historia de Corea del Sur que un presidente en el cargo, si bien suspendido de sus funciones, es objeto de una orden de arresto.

Si bien la Asamblea Nacional aprobó la destitución de Yoon el 14 de diciembre, esta debe ser todavía ratificada por el Tribunal Constitucional, que tiene de plazo hasta mediados de junio para tomar una decisión. Yoon hundió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa una ley marcial en la noche del 3 de diciembre y enviar al ejército a la Asamblea Nacional para imponer su aplicación.

El mandatario de 64 años, que antes había sido un popular fiscal en Corea del Sur, ha desatendido hasta tres citaciones para ser interrogado respecto a estos hechos, lo que llevó a los investigadores a solicitar el lunes una orden de arresto en su contra.

En medio de todo este proceso, se mantiene en Corea del Sur un panorama político caótico luego del paso de tres dirigentes por la sala presidencial en las últimas semanas.