Francia espera una decisión clave sobre la impopular reforma de las pensiones de Macron

Francia contiene el aliento este viernes a la espera de saber si el Consejo Constitucional valida la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, un dictamen que marcará el futuro del conflicto social tras meses de protestas masivas.

Esta institución garante de la Constitución debe comunicar además si da el visto bueno a un pedido de referendo de la oposición para limitar la edad de jubilación a la actual de 62 años, que Macron quiere retrasar a 64 para 2030.

"Constitucional o no, ¡esta ley no la queremos!", corearon este viernes cientos de jóvenes durante una manifestación en París horas antes. "No me hago ilusiones sobre la decisión", dijo Camille Michel, una estudiante de 24 años.

La tensión es manifiesta. Las fuerzas de seguridad levantaron barreras antidisturbios ante la sede del Consejo, situada cerca del Museo del Louvre y donde se prohibieron las manifestaciones. Los nueve miembros de la institución también están custodiados.

Su decisión no es fácil. Validar el retraso de la edad de jubilación y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una pensión completa podría, para sus detractores, alimentar la "crisis democrática" que vive Francia.

En Hanches, a unos 60 kilómetros al suroeste de París, manifestantes interrumpieron la visita de la primera ministra Élisabeth Borne a un supermercado, para tratar el tema de la inflación, al grito de "no queremos la jubilación a 64 años".

"El país no pasará página" de una reforma "injusta", si es validada, advirtió la diputada izquierdista Mathilde Panot en la cadena LCI. Esto "no cierra el debate", como pretende el gobierno, apuntó el legislador ultraderechista Sébastien Chenu.

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Pese al rechazo de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos, Macron decidió el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio.

Pero anular una ley que, según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, sería un revés para el presidente liberal, que se juega también poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.

"Mantener el rumbo, ese es mi lema", dijo este viernes Macron durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.

El mandatario propuso una reunión el martes a los sindicatos "independientemente de la decisión del Consejo", anunció la presidencia.

Horas antes, la líder de la CGT, Sophie Binnet, le había urgido de nuevo a retirar la reforma.

Los observadores consideran que la opción más probable es que el Constitucional anule disposiciones secundarias, sin tocar las medidas claves de la ley, lo que permitiría al gobierno salir airoso de este examen crucial.

Los nueve "sabios" de la institución son escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento y su composición actual es favorable a Macron. Entre ellos hay dos ex primeros ministros, el socialista Laurent Fabius y el derechista Alain Juppé.

En un clima de fuerte tensión y con una extrema derecha al alza en los sondeos, el Consejo podría adoptar una solución salomónica y validar el pedido de Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés), que podría reconducir la contestación a una nueva forma de acción.

Si consigue el visto bueno, sus promotores deben recabar en nueve meses 4,8 millones de firmas, correspondientes al 10% del censo electoral, para que la propuesta siga adelante.

Sin embargo, la convocatoria de un referendo no es automática, ya que la consulta decaería si, una vez validadas las firmas, el Parlamento retoma el texto y somete la nueva versión a una votación de ambas cámaras.

Esta última opción podría caldear aún más el ambiente, máxime cuando el referendo aparece como el último recurso para paralizar la reforma.

Ante el temor a un rechazo del Constitucional, la oposición de izquierda presentó el jueves una segunda demanda de RIP, a su juicio, con más posibilidades de prosperar.

La decisión llega cuando la participación en las protestas cayó desde el 7 de marzo, cuando hubo entre 1,2 y 3,5 millones de manifestantes, según la policía y la CGT, respectivamente.

Pero su intensidad se mantiene. Este viernes hubo de nuevo bloqueos como en los accesos a Ruán (noroeste) y en una plataforma de alimentos en Estrasburgo (noreste), y las autoridades esperan más de 130 acciones tras la decisión.