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ESPAÑA

Gobierno español ofrece naturalizar a otros 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad

El gobierno de España se ofreció el viernes a naturalizar a 94 nicaragüenses declarados "traidores a la patria", una semana después de hacer la misma propuesta a 222 presos políticos expulsados por el régimen sandinista.

17 de febrero de 2023 Por: AFP
Presidente nicaragüense Daniel Ortega | Foto: AFP

El gobierno de España se ofreció el viernes a naturalizar a 94 nicaragüenses declarados "traidores a la patria", una semana después de hacer la misma propuesta a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía por el régimen sandinista.

"El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española", informó en un comunicado el ministerio español de Asuntos Exteriores.

El documento indica que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó esa decisión al escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, una figura importante de la oposición al presidente Daniel Ortega.

Lea aquí: Nicaragua declara "traidores" a 94 exiliados, entre ellos el exvicepresidente Sergio Ramírez

Ramírez, que figura en la lista de 94 nicaragüenses privados de su nacionalidad, vive refugiado en Madrid desde 2021 y tiene la doble nacionalidad española y nicaragüense.

En la lista también figuran la escritora Gioconda Belli, el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

El ministerio español indicó además que está determinado a otorgar la nacionalidad española "a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega".

La Agencia de la ONU para los Refugiados en un comunicado (ACNUR) criticó el viernes las medidas de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a los disidentes.

"Las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos", afirmó.

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