Human Rights Watch pide al presidente Petro pronunciarse frente a inhabilidad de María Corina Machado

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), le pidió al presidente colombiano, Gustavo Petro, pronunciarse frente a los “incumplimientos” del gobierno venezolano al acuerdo Barbados, tras la inhabilitación política decretada por un tribunal de ese país contra la candidata opositora, María Corina Machado.

“Quisiera recomendar a S.E. que, junto con otros gobiernos Latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea”.

Así lo manifestó Goebertus en una carta que le envió a Petro en la que le recordó que independientemente de las afinidades políticas con Machado es un deber defender sus derechos políticos.

“Cualquiera sea la afinidad política de los gobernantes de la región con la señora Machado, defender su derecho a participar en las elecciones es defender el derecho de todos los venezolanos, incluyendo de quienes la eligieron como representante de la oposición, a participar en elecciones justas y libres”, argumentó la excongresista colombiana.

Goebertus explicó que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que inhabilitó por 15 años a Machado no solo violó sus derechos políticos, sino que además “amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres”.

Asimismo, recordó que la determinación del TSJ, que contó con el respaldo del gobierno venezolano, hace tambalear el acuerdo de Barbados, que establecía que la administración de Nicolás Maduro le garantizaría a la oposición el derecho a participar de manera libre en las elecciones presidenciales de este año.

Sin embargo, la determinación del TSJ “puede poner en riesgo el futuro del diálogo entre el gobierno y la oposición y la posibilidad de una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela”, argumentó la directora regional de la oenegé afincada en Washington.

Ante este panorama, Goebertus le pidió a Petro aprovechar su “acceso” al gobierno venezolano para “desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela”.

“Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia”, agregó.

El silencio de Petro y de la Cancillería frente a la determinación del Tribunal Supremo venezolano ha sido ensordecedor.

Tanto sectores de oposición como políticos de partidos cercanos al Gobierno han criticado la falta de coherencia del Jefe de Estado y hay quienes consideran que ha utilizado un doble rasero, porque de defensor de los derechos políticos en causa propia, tras la sanción que le impuso la Procuraduría y que él logró reversar en tribunales internacionales, o su activismo en el caso del expresidente peruano Pedro Castillo, ha optado en esta ocasión por mantenerse al margen.

“Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”, es hasta ahora la única respuesta que se conoce de Petro frente al caso de Machado.

La dirigente política venezolana dijo esta semana que habló con representantes de varias naciones y agradeció a todos ellos sus manifestaciones públicas, al tiempo que aguardó para “que los que no lo han hecho, lo hagan en las próximas horas”.

*Con información de Colprensa.