Juez federal de EE. UU. tumbó la orden de Trump de eliminar ciudadanía por nacimiento: así quedó la ley

El pasado lunes 20 de enero de 2025, se llevó a cabo a ceremonia de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que realizó una serie de advertencias, entre las cuales está realizar una serie de deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular.

Asimismo, en el mismo día, firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, unas de sus promesas más fuertes en campañas electorales.

Esta orden, que se preveía que entrara en vigor a partir del 19 de febrero, buscaba modificar la Enmienda 14 de la constitución, en la cual se establece que toda persona que nazca en EE. UU. obtiene de forma automática la ciudadanía estadounidense, sin importar el estatus migratorio que tengan los padres.

Sin embargo, esta medida de cambio fue bloqueada temporalmente por el juez del distrito federal de Seattle, John Coughenour. En una audiencia que duró más de 25 minutos, el magistrado manifestó que esta orden es inconstitucional, por lo que impidió que siga su curso, congelando su aplicación por 14 días, es decir, por dos semanas.

“Llevo más de cuatro décadas en el banquillo”, declaró el funcionario, sosteniendo que en todos esos años que lleva trabajando, no había sido testigo de una sentencia de tal magnitud: “No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como esta. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”, afirmó Coughenour, de acuerdo con declaraciones recopiladas por la cadena ABC News.

Este fallo tiene un efecto inmediato en todo el país y bloquea la medida por el periodo de tiempo mencionado anteriormente, mientras se resuelve el litigio en los tribunales estadounidenses.

Cabe destacar que esta decisión ha llegado como respuesta a la demanda realizada por una coalición establecida por cuatro estados, liderados por demócratas, los cuales son: Washington, Arizona, Illinois y Oregón, sitios que están en contra de la demanda por los efectos negativos que va a tener la imposición de tal medida.

Las autoridades de estas regiones argumentaron que el decreto, es inconstitucional y condena a los afectados a ser “apátridas”, puesto que, “Los individuos que sean despojados de su ciudadanía estadounidense quedarán indocumentados, sujetos a expulsión o detención, y muchos serán apátridas, es decir, ciudadanos de ningún país en absoluto”, concluyeron los estados. Quienes expusieron que más de 150,000 hijos de indocumentados (la cifra de nacimientos anual), se verían afectados con esta orden.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a la serie de peticiones en contra de la orden judicial, a la cual se le han sumado grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados.