La ingobernabilidad vuelve a amenazar a Ecuador

El espectro de la ingobernabilidad vuelve a amenazar a Ecuador, donde el presidente derechista Guillermo Lasso disolvió, el pasado miércoles, el Congreso dominado por la izquierda opositora, que se disponía a destituirlo por presunta corrupción.

“Marca un escenario de mayor y profunda inestabilidad política”, dijo la politóloga Paulina Recalde tras el decreto firmado ese día por el Mandatario para aplicar esa facultad constitucional, que derivará en elecciones generales anticipadas para completar el período 2021-2025.

¿Qué pasó?

Antes de que se diera la votación sobre su remoción en un juicio político que inició el pasado martes, el gobernante -acusado de supuesto peculado en contratos para el transporte de petróleo- disolvió la unicameral Asamblea Nacional por la causal de “grave crisis política y conmoción interna”.

Con esa medida, Lasso, de 67 años, puso también en juego su permanencia en el cargo, al que llegó en mayo del 2021 con una credibilidad del 70 % y que ahora, dos años después, se ubica en 10 %, de acuerdo a la encuestadora privada Perfiles de Opinión, dirigida por Recalde.

Ganadores

Frente al desgaste de la derecha, representada por Lasso, analistas estiman que los comicios anticipados serán una gran oportunidad para recuperar terreno para la izquierda.

Esa ventaja sería sobre todo para el movimiento liderado por el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), Revolución Ciudadana, y para el brazo político de los indígenas, Pachakutik, las dos principales fuerzas en el Legislativo, aunque sin ser mayoría.

El correísmo contaba con 49 de las 137 curules y Pachakutik con 24, mientras que el oficialismo lograba apenas una docena.

Elección presidencial

Lasso, quien logró la presidencia en su tercer intento al vencer al correísmo, podría ser nuevamente candidato, al permitir la Constitución la reelección por una sola vez.

Sin embargo, el Presidente ya había anunciado que no se presentaría como candidato a las elecciones, algo que fue confirmado el pasado viernes en sus declaraciones para el medio de comunicación The Washington Post.

Según Recalde, Lasso carece de respaldo popular porque “9 de cada 10 ecuatorianos no le creen” y está bajo la acusación de corrupción.

Correa, quien triunfó en los comicios de 2007, 2009 y 2013, quedó impedido para ser candidato con la modificación de la Carta Magna por parte de su exaliado y expresidente Lenín Moreno (2017-2021), que eliminó la reelección indefinida promovida por su antecesor.

Además, sobre el exmandatario, exiliado en Bélgica desde que dejó el poder, pesa una orden de prisión dictada por la justicia ecuatoriana, que en 2020 lo condenó a ocho años de cárcel por cohecho, delito que no prescribe en Ecuador.

Inestabilidad

“Estamos en un ciclo prolongado de inestabilidad política y crisis orgánica, en la medida en que son varias crisis las que vivimos”, sostuvo Recalde frente a otros problemas como la inseguridad ligada al narcotráfico, la desconfianza en las instituciones del Estado y el déficit económico.

Ecuador enfrentó el peor período de inestabilidad democrática de su historia entre 1996 y 2007, en que llegó a tener siete mandatarios, hasta la asunción de Correa.

Tres gobernantes elegidos en las urnas fueron derrocados en medio de revueltas de indígenas y otros sectores, con la intervención del Parlamento de una u otra forma, que por ejemplo declaró la incapacidad mental -sin comprobación médica- para gobernar del populista Abdalá Bucaram en 1997.

Protestas y militares

El denominado Frente Popular, que aglutina a trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y colectivos de mujeres, llamó a protestas contra Lasso, que ahora puede gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

“Serán las calles el escenario en el cual defenderemos los derechos y libertades que hoy estarían en juego producto de un dictadorzuelo”, aseguró su líder, Nelson Erazo.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional expresaron que la disolución del Congreso está enmarcada en la Carta Magna y que están “seguros de que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.

Agregaron que actuarán “con firmeza” para proteger los derechos y exhortaron a la unidad “para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos y sin violencia”.