Lo que debe saber para entender las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia

Un día después de la mayor protesta contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, sindicatos y gobierno campan en sus posiciones a medida que la presión aumenta para ambos. ¿Cuál es la situación?

La movilización entró el martes en una nueva fase con la protesta más numerosa hasta el momento --1,28 millones de manifestantes, según las autoridades, y 3,5 millones, según la CGT-- y con el inicio de huelgas prorrogables.

La protesta busca que el gobierno retire su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

Tras cinco masivas manifestaciones pacíficas en enero y febrero, los sindicatos decidieron intensificar su lucha, ante el rechazo del gobierno de Macron y de la primera ministra, Élisabeth Borne, a dar marcha atrás.

Las acciones se centran en sectores clave como la energía y el transporte. Los sindicalistas bloquearon de nuevo este miércoles la expedición de combustible de las refinerías, los depósitos de gas y cuatro terminales metaneras.

Los importantes puertos de Le Havre, Ruán y Marsella amanecieron bloqueados y los empleados en huelga del sector eléctrico siguen reduciendo la producción eléctrica, que la víspera cayó 13.000 MW.

Por segundo día consecutivo, hubo trenes y aviones anulados, así como perturbaciones en el transporte público de París, pero en menor medida que la víspera.

Los sindicatos convocaron nuevas protestas el sábado y la próxima semana (probablemente miércoles) y llamaron a participar en las marchas feministas de este miércoles y las del jueves, a llamado de organizaciones juveniles.

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El tiempo apremia. El gobierno escogió un polémico procedimiento parlamentario --un proyecto rectificativo de la ley de financiación de la Seguridad Social-- que limitó el tiempo de examen y facilita la aplicación del plan.

Las dos cámaras del Parlamento tienen hasta el 26 de marzo para adoptar el mismo texto. Si estas no logran pronunciarse, el gobierno puede aplicar su plan mediante ordenanza a partir de entonces, algo que nunca ha ocurrido.

El Senado (cámara alta), controlado por la oposición de derecha favorable a la reforma, tiene hasta el domingo para votarla. Por su parte, el plazo expiró en la Asamblea Nacional (cámara baja), sin que llegara a hacerlo.

La próxima semana, representantes de ambas cámaras deben reunirse para tratar de acordar un texto común, sobre el que diputados y senadores deberían pronunciarse de nuevo o al menos intentarlo. 

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Con la cuenta atrás en marcha, el gobierno busca ganar tiempo. Macron se juega parte de su crédito político, máxime cuando la pandemia le obligó a aparcar una anterior y también contestada reforma de las pensiones en su primer mandato.

Sin embargo, un editorial del diario Libération consideró este miércoles "arriesgada" la apuesta de una "victoria por desgaste" y advirtió que "nada indica que [el gobierno] pueda confiar en una pérdida de impulso" de las protestas.

El mandatario, que enfrentó un fuerte contestación social en 2018 y 2019 con los "chalecos amarillos", dejó en primera línea a Borne y se centra en preparar la agenda posreforma.

Educación, salud, clima, migración e instituciones son algunos de los temas con los que Macron quiere dejar atrás rápidamente la cuestión de las pensiones, una vez aprobada, y recuperar el impulso de su segundo mandato, iniciado en mayo.

El oficialismo cuenta con el apoyo de la oposición de derecha, favorable a la reforma, para aprobarla. Ese escenario evitaría que se reforzara la imagen de "autoritario" del presidente, en caso de aplicar su plan sin contar con una mayoría legislativa.

Los sindicatos intentaron poner el foco en Macron al pedirle el martes una reunión "urgente", en vano. La presidencia les sugirió de llamar a la puerta del gobierno de su primera ministra, cuyo portavoz, Olivier Véran, aseguró que la pelota está en el Parlamento.

Sin embargo, las centrales están decididas a continuar incluso si la reforma se aprueba. En 2006, las protestas estudiantiles ya obligaron al entonces gobierno a retirar un proyecto, aprobado, de contrato de empleo juvenil.