Marchas en Argentina: así avanza la huelga general contra las reformas de Javier Milei

A casi cinco meses de asumir la presidencia en Argentina, Javier Milei enfrentaba este jueves 9 de mayo el segundo paro general convocado por el poderoso sindicalismo en contra de las reformas económicas, impositivas y del Estado que impulsa para desmantelar regulaciones que prevalecieron durante décadas.

Posando en una imagen con una camiseta azul con letras blancas en la que se leía “Yo no paro”, Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que asumió el 10 de diciembre, mostró en las redes sociales su inconformidad con la huelga que considera una herramienta política de los sindicalistas para minar su poder. “Viva la libertad, carajo”, el latiguillo preferido del mandatario, finalizó el mensaje.

La medida de protesta por 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo —CGT, la principal central sindical— y secundada por la Central de los Trabajadores de la Argentina fue acatada prácticamente por todos los gremios del transporte público. También se adhirieron los sindicatos que reúnen a los empleados de bancos, trabajadores estatales, portuarios y choferes de camiones de carga, entre otros.

El metro de Buenos Aires no funcionaba, así como las líneas ferroviarias urbanas, lo que afectó a millones de usuarios. Pocas decenas de autobuses prestaban su servicio y varias de ellas reportaron agresiones a los vehículos, cometidas aparentemente por sindicalistas que exigían una adhesión total a la huelga.

En tanto, los dos aeropuertos de Buenos Aires lucían prácticamente vacíos debido a la suspensión de cientos de vuelos. Aerolíneas Argentinas informó que canceló 191 vuelos afectando a cerca de 24.000 pasajeros, lo que representará pérdidas por cerca de dos millones de dólares.

Sin embargo, cientos de comercios abrieron sus puertas en la capital y localidades cercanas y en las carreteras de acceso a la ciudad se registraba la circulación de automóviles. Los colegios también permanecieron abiertos, pero muchos docentes se ausentaron por la falta de transporte público.

Los sindicatos rechazan las políticas de ajuste de Milei para garantizar el déficit cero así como dos iniciativas oficialistas con reformas económicas e impositivas aprobadas días atrás por la Cámara de Diputados y que comenzaron a ser analizadas por comisiones de legisladores en el Senado, sin avances significativos.

El proyecto de la llamada Ley de Bases contempla, entre otros puntos, privatizaciones de empresas públicas y una reforma laboral, mientras que el de reforma impositiva incluye la reposición de un tributo sobre los sueldos que afectaría a miles de empleados.

El movimiento obrero ha denunciado el desguace del Estado y la desprotección social que implicarían las reformas laborales. También afirmó en un documento que “en nombre de una mal entendida libertad de mercado, (el gobierno) implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.

La pobreza en Argentina afecta a más de 40 % de la población de unos 47 millones de habitantes en un contexto de recesión y de inflación anual de en torno a 288 %.

Alrededor de las 3:00 p.m., Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, calificó el paro de exitoso en una rueda de prensa. “El gobierno debe tomar nota y reconfigurar su política de ajuste... Se está llevando a extremos a sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esto sigue”.

Carlos Acuña, dirigente del gremio que agrupa a los trabajadores de las gasolineras, señaló que la medida responde al “manoseo” que los trabajadores están sufriendo. “Tenemos un presidente que dice que los salarios le ganan a la inflación, todo mentira”.

Julio Piumato, dirigente del sindicato de los empleados judiciales, criticó las “maniobras” del oficialismo para desmotivar el acatamiento a la medida, como descontar el día de trabajo a los empleados públicos que se ausenten en sus lugares de trabajo y las tildó de violatorias de la Constitución, que garantiza el derecho a la huelga.

En tanto el Ejecutivo restó importancia a la medida de protesta. “Si para lograr un paro tenés que tirar una piedra a un colectivo (autobús) es que estás en debilidad. Este es el paro de la debilidad”, sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Héctor Díaz, de 45 años y empleado en una empresa de seguridad, dijo a The Associated Press que tuvo que recurrir al transporte privado para llegar a su lugar de trabajo. “Me genera cansancio y estrés”.

“Milei no se merece el paro porque tiene cinco meses en su gestión... están perjudicando a la nación completa. Hemos recibido un país bastante precario y no lo dejan gobernar”, afirmó Díaz.

Jonathan Sandoval, de 26 años y quien trabaja como herrero, dijo que “no queda otra que laburar (trabajar). Hay que generar plata”.

“Es inentendible”, cuestionó el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien se lamentó que “este gobierno tuvo más paros que leyes y te hacen todo lo posible para no avanzar”.

Adorni denunció que choferes de autobuses “fueron agredidos a piedrazos” y que “fuerzas de choque del sindicatos de camioneros” impidieron el ingreso de trabajadores a fábricas.

Asimismo indicó que desde la víspera la línea telefónica oficial para recibir denuncias de extorsiones dirigidas a aquellos que no se adhieren a la huelga registró cerca de 2.000 llamadas.

El paro tiene lugar en una semana marcada por protestas en contra de las políticas de Milei. El lunes trabajadores de distintos sectores del transporte realizaron asambleas en sus lugares de trabajo, lo que en algunos casos alteró los servicios. El martes organizaciones sociales izquierdistas realizaron cortes en distintos puntos del país.

La CGT encabezó el 24 de enero una primera huelga nacional a poco más de un mes de la asunción de Milei en contra de un ambicioso paquete de iniciativas reformistas que no prosperaron en el Congreso, donde el oficialismo está en desventaja numérica. Parte de las mismas han sido suavizadas con el apoyo de sectores aliados para que se abran paso en el Legislativo.

El peronismo y los partidos y organizaciones de izquierda se oponen a propuestas como la que aumentaría el período de prueba en las empresas y eliminaría las multas a los empleadores que no registren a sus empleados, así como el establecimiento de un fondo de cese laboral voluntario que se compone de aportes mensuales del salario y puede sustituir la indemnización en caso de despido.

También rechazan eventuales privatizaciones de empresas públicas, exenciones impositivas a compañías que realicen inversiones millonarias y la regulación de activos no declarados en Argentina y en el exterior.

*Con información de AP.