Pedro Castillo seguirá detenido en medio de protestas y represión en Perú

La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe y protestas que han dejado siete muertos y unos 200 heridos.

"Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08h30" (13h30 GMT), dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo.

La fiscalía, que acusa a este maestro rural de izquierda de "rebelión" y "conspiración", busca mantenerlo en prisión preventiva un año y medio.

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El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.

Castillo se negó a participar en la audiencia virtual de este miércoles.

"¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia", tuiteó el expresidente.

"Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.

Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan sus simpatizantes desde hace varios días, reclamando su libertad y elecciones inmediatas.

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Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte de un desacreditado Congreso que posee un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.

Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.