Presidenta de Perú evalúa declarar estado de emergencia en todo el país ante las protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que en la tarde de este martes, en consejo de Estado con las fuerzas armadas, evaluará declarar el "estado de emergencia a nivel nacional" por las protestas que sacuden el país desde el pasado miércoles.

"Este gabinete de gestión de crisis ha acordado convocar en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno. También hemos acordado que se evaluará la instalación de estado de emergencia a nivel nacional", declaró a la prensa la mandataria.

De hecho, el pasado domingo, la presidenta Boluarte anunció que presentará un proyecto de ley al parlamento para adelantar las elecciones para abril de 2024 tras manifestaciones de pobladores en varias ciudades del país que dejan un saldo de siete muertos y decenas de heridos.

"Interpretando la voluntad de la ciudadanía (...) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a nación difundido por televisión.

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"En los próximos días remitiré un proyecto de ley de adelanto de elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el parlamento", agregó la mandataria que está en el poder desde la detención por orden judicial del expresidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe el miércoles último. Las elecciones estaban previstas para abril de 2026.

Las fuerzas armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.

Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló un balance de la policía.

Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco, en Arequipa, segunda ciudad del país, y en Apurímac, cuna de Boluarte. En el norte las regiones más convulsionadas son La Libertad y Cajamarca, cuna de Castillo.

En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.

Varios gremios agrarios e indígenas convocaron el martes a un "paro indefinido" en demanda de elecciones generales.

Su repercusión se desconoce aún pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

El aeropuerto de Cusco fue cerrado asimismo el lunes luego de que manifestantes intentaran tomarlo.

El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción.

Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investiga por corrupción, le imputó el delito de "rebelión" y "conspiración" en flagrancia.

Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo a pesar del autogolpe.

"Sigue siendo Pedro Castillo el presidente" de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En un comunicado conjunto, Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar "la voluntad popular expresada con el libre sufragio".

La Cancillería peruana respondió recordando que Castillo fue destituido por el Congreso en apego a la Constitución porque perpetró un "golpe de Estado", y pidió a los países ayudar a Perú a "resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho".

Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía ya investigaba a Castillo por liderar una "organización criminal" que beneficiaba a allegados y familiares.

También investiga si cometió otros delitos, como tráfico de influencias en la compra de gasolina por parte de la estatal Petroperú en 2021 y obstrucción de la justicia en el despido del ministro del Interior (que autorizó el arresto de algunos de sus aliados).

Los fiscales indagan también si Castillo cometió el delito de tráfico de influencias en promociones militares y si cometió un acto de corrupción en concesiones de obras públicas, e investigaba el presunto plagio de su tesis universitaria.

La fiscal de la nación, Patricia Bernavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones en Perú, un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI.

Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.

Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.

Varios analistas consultados por la AFP consideran no obstante que la justicia peruana es independiente.