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Presidente de Perú, Pedro Castillo, será investigado por presunto tráfico de influencias
La investigación había sido suspendida en enero por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que el mandatario no podía ser investigado mientras ejerza su mandato.
La fiscalía investigará al presidente peruano Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias en un caso de ascensos a militares de las Fuerzas Armadas y lo citó a declarar el 4 de agosto, informó la entidad.
"La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación al presidente de la República, por el presunto delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias, en calidad de autor", indicó en Twitter la fiscalía.
"Asimismo, se dispone iniciar investigación preliminar contra el mandatario y es citado a declarar el 04 de agosto", agregó.
La investigación había sido suspendida en enero por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que el mandatario no podía ser investigado mientras ejerza su mandato.
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La fiscalía citó a declarar a los empresarios Karelim López (18 de julio) y Zamir Villaverde (19 de julio), quienes son investigados por otro caso de presunta corrupción; al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco (3 de agosto), quien figura como prófugo de la justicia; y a seis oficiales del Ejército del Perú que no fueron identificados.
Las investigaciones por tráfico de influencias partieron de la denuncia en diciembre por presuntas irregularidades desde el gobierno en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas.
El caso se conoció por medio del testimonio de comandantes generales en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, solicitó a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que anule su disposición de iniciar una investigación preliminar al mandatario.
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El 17 de junio, Castillo declaró ante un fiscal que lo investiga por presunto tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada, por una causa que involucra a dos sobrinos y a dos exfuncionarios de confianza.
El mandato de Castillo, un maestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026.
