Argentina legaliza el aborto: ¿qué se aprobó y qué cambia en ese país?

El Senado de Argentina aprobó este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Un proyecto del presidente de centro-izquierda Alberto Fernández el cual había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre, y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un resultado bastante más holgado de lo previsto.

Con la aprobación de este miércoles, Argentina, país natal del papa Francisco, se convierte ahora en el más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana. En México está permitido en el Estado de Oaxaca y Ciudad de México.

El gobierno calcula que ocurren entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros.

Los principales puntos de la ley son los siguientes:

Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo de forma legal, segura y gratuita en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, este procedimiento será siempre gratuito, al igual que las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

El tratamiento también debe ser de calidad, cumpliendo los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud.

Esta ley otorga a "las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14  de gestación.

A partir de la semana 15 de gestación, el aborto continuará siendo un delito salvo en los casos en que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera "en peligro la vida o la salud integral" de la mujer.

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Esta ley estipula que las mujeres que decidan abortar tendrán un plazo máximo de 10 días entre la solicitud de interrupción del embarazo y su realización, con el fin de impedir maniobras que retrasen el aborto hasta evitarlo.

Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo tendrán derecho a una total confidencialidad, siendo el personal de salud o cualquier persona que tenga acceso a la documentación clínica y al procedimiento garantizar este derecho y mantener el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad.

La norma establece que el personal médico deberá garantizar el "trato digno", privacidad, asegurar el consentimiento informado, autonomía de la voluntad, confidencialidad y mínimos estándares de calidad y competencia técnica. Una vez realizada la práctica, el sistema de salud pondrá a disposición de las mujeres información sobre métodos anticonceptivos.

El personal de salud tendrá derecho a ejercer la objeción de conciencia, debiendo derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional "en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones".

En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal. Para adolescentes de entre 13 y 16 años, deberá tener un acompañante o "referente afectivo". Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 85. - El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86".

El artículo 86 quedará redactado así: "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional".".

En la misma sesión, el Congreso aprobó una Ley de los 1.000 días, para acompañar material y sanitariamente a las mujeres de sectores vulnerables que quieran llevar adelante su embarazo de modo que las dificultades económicas no se constituyan en un motivo para abortar.