Penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia, son las nuevas leyes que blindan al presidente Nicolás Maduro y que se complementarían con su propuesta de reformar la Constitución, avivando el temor de una “nicaragüización” de Venezuela.

“Una gran reforma” para “embellecer la Constitución”, fue la bandera de Maduro al juramentarse para un tercer mandato (2025-2031), cuestionado por la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y reivindica una victoria del exiliado Edmundo González.

“Maduro quiso hacer unas elecciones al estilo Hugo Chávez, en las que se daba un baño de pueblo y como no le resultó la fórmula de Chávez, optó por el modelo de Daniel Ortega, que es robarse una elección y perseguir a todos los opositores”, analiza Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA.

Ortega y su esposa Rosario Murillo, su copresidenta, impulsaron en 2024 una reforma constitucional que les dio control absoluto de los poderes del Estado en Nicaragua, donde cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, en tanto a muchos, incluso, se les quitó la nacionalidad, como el caso de McFields.

“¡Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario Nicolás Maduro Moros, y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar!”, exclamó Ortega desde una tarima donde acompañó al mandatario venezolano a celebrar su juramentación.

“Pavimentando el camino”

Aunque no se sabe qué artículos de la Constitución planteará cambiar la reforma de Maduro, el mandatario adelantó que el objetivo es reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de los votantes.

Lleva meses aprobando recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, lo que la oposición ve como una forma de restar poder a funcionarios electos como gobernadores y alcaldes.

El Parlamento, controlado por el partido de gobierno, ha aprobado leyes que activistas consideran que violan derechos fundamentales. “Lamentablemente, estamos aquí pavimentando el camino para una ‘nicaragüización’ de Venezuela”, comentó Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Ya el gobierno de Maduro ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) lo investiga por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Daniels sostiene que el nuevo paquete de leyes impuestas en Venezuela agravará aún más el panorama para los opositores y cerrará los espacios que mantiene a duras penas la sociedad civil.

El paquete de leyes vino después de que estallaran protestas contra su reelección, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos. Maduro responsabilizó a la oposición por los fallecidos y denunció un complot liderado por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su gobierno, a las que se le han sumado Reino Unido y la Unión Europea.

El apoyo del parlamento

La unicameral Asamblea Nacional aprobó en noviembre una ley que castiga con pena de 25 a 30 años de prisión a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe” en la adopción de sanciones internacionales.

La legislación contempla juicios en ausencia, lo que Daniels destaca que está prohibido por la Constitución, y establece inhabilitaciones. “Es muy clara y contundente sobre las sanciones, no hay ninguna duda, pero es muy vaga para definir qué es lo que va a castigar”, cuestiona.

“Por ejemplo, considera sancionable la participación indirecta en medidas coercitivas, pero ¿qué es la participación indirecta? No lo define. Se da al sistema un enorme poder discrecional. Un funcionario te puede aplastar con un dedo”, anota.

El espacio para la discrecionalidad es una crítica habitual en otras legislaciones promovidas por Maduro.

En agosto, el Parlamento aprobó una ley para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales, que las obliga a declarar fuentes de financiamiento, en especial, si vienen del extranjero. “Formaliza la persecución a organizaciones de la sociedad civil”, criticó Oscar Murillo, coordinador de la ONG de derechos humanos Provea.

Está en agenda aprobar una ‘ley contra el fascismo’, término que el chavismo usa para referirse a opositores, que propone la ilegalización de partidos políticos que promuevan “actividades fascistas”. “Todos estamos en contra del fascismo, el problema es que el gobierno suele calificar de ‘fascista’ cualquier acto que impulse oposición”, alerta Daniels.

¿Petro justifica el recrudecimiento del régimen?

Por Ronal Rodríguez*

Llama la atención la posición del presidente Gustavo Petro frente a la situación en Venezuela y lo reiterativo que es en sus publicaciones en la red social X, argumentando que las elecciones en Venezuela no fueron libres por las sanciones internacionales que pesan sobre Nicolás Maduro, los principales líderes y sus testaferros.

Las sanciones internacionales son una herramienta diplomática que tienen los Estados y organismos multilaterales para incidir en otros países que cometen violaciones a los derechos humanos, o como en el caso venezolano, donde sus gobernantes están involucrados en casos de corrupción y narcotráfico, y tienen como propósito la disuasión en dirección a una salida negociada y no bélica de la crisis.

En Venezuela las sanciones han permitido la liberación de presos políticos, el acompañamiento de organismos internacionales y han aumentado los costos de la represión que caracteriza al régimen de Maduro.

Principalmente, las sanciones del caso venezolano son de dos tipos, las que van dirigidas a los individuos involucrados directamente en el deterioro democrático y la violación de los derechos humanos, como las que se impusieron a varios de los jerarcas del chavismo tras la posesión de Nicolás Maduro por los Estados Unidos y la Unión Europea. Y las sanciones sectoriales, que se imponen a sectores económicos como el petrolero que son controlados por el oficialismo y se han convertido en la fuente de financiación del régimen.

El chavismo, al igual que la dictadura cubana, argumenta que la crisis a la que someten a su pueblo es el producto de las sanciones internacionales que se les ha impuesto por la violación de los derechos humanos. En el caso venezolano, la crisis socioeconómica es anterior a las sanciones, incluso en 2014 el presidente Nicolás Maduro responsabilizaba a los colombianos de ser los causantes de la crisis por el contrabando de extracción.

La crisis venezolana es el resultado de las malas decisiones políticas, económicas y sociales que implementó la Revolución Bolivariana desde los años de Hugo Chávez en Venezuela y que precipitaron al país a la pobreza.

Las sanciones sectoriales impuestas desde 2019 sí han afectado la vida de los venezolanos y han agravado la crisis. El régimen chavista ha transferido los costos de dichas sanciones directamente al pueblo y aprovecha para construir la narrativa de que son la causa de la emergencia humanitaria compleja en la que esta hundida Venezuela desde 2018.

Pero las sanciones han permitido adelantar algunas de las negociaciones en dirección a la búsqueda del retorno a la democracia y la salida de la crisis.

De hecho, fue gracias a las sanciones que se llegó a las negociaciones de Barbados y Qatar, que dieron lugar a las primarias y a la elección presidencial del año pasado, pero fue el gobierno de Nicolás Maduro el que no cumplió con lo acordado.

El levantamiento de las sanciones sectoriales es necesario porque su efecto lo transfiere el régimen a los ciudadanos, pero no de las sanciones personales, que siempre han preocupado más al régimen, porque congelan los activos de chavistas y sus testaferros en el exterior.

Lo cierto es que en medio de la crisis desencadenada por el fraude electoral del 28 de julio de 2024 y la posesión ilegítima de Nicolás Maduro, las declaraciones del presidente Gustavo Petro se han caracterizado por repetir las narrativas del régimen venezolano y exculpar al dictador.

*Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Político y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.