¿Acuerdo o imposición nacional?

Varias veces el Presidente de la República ha llamado a la construcción de un acuerdo nacional. El primero fue en junio de 2022 al entonces candidato Rodolfo Hernández para construir paz y justicia social. El segundo, una vez elegido, fue un llamado a construir los máximos consensos con las reformas, evitar el sectarismo, dejar el odio atrás y construir una política de amor, diálogo y entendimiento con los otros. El siguiente fue en agosto de 2023 y fue un llamado a una sociedad más justa y productiva.

Esto mismo se parece al mensaje del Fondo Monetario Internacional, FMI, a las economías del mundo sobre cómo construir políticas económicas hoy. Dice el Fondo que, para ser exitoso con las reformas económicas, los gobiernos deben oír y responder a la sociedad, generar empleo y proteger a los vulnerables, construir diálogos sociales activos y armar consensos, superando ese viejo problema de quedarse en una u otra orilla ideológica o política.

Esta descripción la reveló el Fondo, poco después de que Colombia fuera el primer país de América Latina en aprobar exitosamente una reforma tributaria después de la pandemia, logrando mayorías significativas, reformas efectivas y aprobaciones en tiempo récord, como fue la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria de 2021.

Viendo entonces el discurso gubernamental, sigue desconcertando la inasistencia del Presidente a la asamblea empresarial de Andi, no por la presencia, sino por el mensaje. Pero no es el único mensaje tácito o explícito negativo en relación con el sector productivo.

Súmele tres propuestas de reformas (laboral, salud y pensional) que destruyen empleo, empresas e inversión privada. Una reforma tributaria y plan de desarrollo que atacan a los sectores de hidrocarburos, gas y energético, con poca ambición por el crecimiento. Todo lo anterior para no hablar de muchas más acciones, para lo cual no habría espacio en esta columna: desmonte de beneficios al sector turístico, destrucción del modelo exitoso de inversión en vivienda, VIS, decisiones equivocadas en el sector de infraestructura y transporte, aranceles muy poco ‘inteligentes’ que destruyen la exportación, entre otros.

Pero ni siquiera se trata del mensaje, se trata de las formas. En este año de gestión, hemos visto la incapacidad de un gobierno para armar diálogos efectivos, para construir en la diferencia, para armar consensos, para ceder, para sumar voluntades, para escuchar. El mejor ejemplo es la nueva reforma laboral, que medianamente calcada de la fallida, y sin abrir diálogos, ahora se impone sin consenso alguno. Y en la de salud pasa lo propio.

Por definición, un acuerdo supone la convergencia de voluntades, las decisiones por consenso, la transparencia en las actuaciones, la generosidad de escucha y la grandeza en la entrega. Un acuerdo nacional no se logra imponiéndolo, y mucho menos cuando se tiene mayoría exigua y debilidad en gobernabilidad. Esto último hasta por simple pragmatismo.

Presidente, genial insistir en el ‘acuerdo nacional’, pero que sea más que un discurso bonito, que tenga voluntad y ganas de alcanzarse. El país se lo agradecería y el resultado sería sobresaliente. La velada imposición o la victimización, al no lograrlo por errores autoinfligidos, representan una calle cerrada y anticipan el fracaso de los deseados propósitos sociales, de prosperidad y de paz.