Acuerdos democráticos

Las declaraciones recientes sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente, liderada por el presidente Gustavo Petro, han suscitado todo tipo de reacciones a lo largo y ancho del país. Algunos afirman que la desigualdad existente en Colombia y la falta de garantías para un porcentaje importante de la población colombiana, hacen urgente un cambio de constitución. Otros, por su parte, defienden la carta magna actual, afirmando que se necesitan ajustes o reformas que pueden llevarse a cabo mediante los actuales instrumentos institucionales para expandir las garantías a la población, sin abrir la caja de pandora que es la construcción de una nueva carta que rija el contrato social entre los ciudadanos de nuestro país. Solo hay que tener en cuenta el ejemplo reciente de Chile, que lleva dos intentos fallidos para aprobar una nueva Constitución.

Aunque son evidentes las diferencias entre el contexto actual colombiano y el chileno, el caso del país austral nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, crear consensos alrededor de cómo debe estar estructurado el contrato social de un país, en épocas de polarización y desinformación es muy difícil, en especial si los bandos consideran que su contraparte es un enemigo del cual no se pueden fiar.

En segundo lugar, las discusiones alrededor de hacer una constitución, cuando giran en torno a una larga lista de demanda e ideales, deriva en la conformación de un articulado extenso que se vuelve imposible de cumplir. Un estudio académico publicado en el British Journal of Political Science demuestra que los países que tienen constituciones extensas tienden a tener un PIB más bajo y niveles más altos de corrupción, que aquellas que tiene una corta. Por consiguiente, construir una base de consensos específicos se torna fundamental.

En tercer lugar, y quizás más importante, muchas veces las personas no son conscientes de los costos, tanto económicos como sociales, políticos, institucionales y retóricos, que acarrean la estructuración de una nueva constitución. Hoy en día, el presidente Petro, justificándose de manera absurda en una noción reducida del pueblo, busca socavar la institucionalidad actual para buscar imponer una Asamblea Nacional Constituyente. Esto no solo tendría un alto costo para la democracia del país, sino también en el entorno social y político, al profundizar la polarización del país. En caso de hacer un referendo, esto también implicaría unos costos políticos y económicos pues las campañas a favor y en contra, al igual que la organización logística que implica llevar a cabo este procedimiento, podrían desgastar en gran medida a la ciudadanía.

Por consiguiente, lo que debería hacer el presidente es cumplir su promesa de hacer un acuerdo nacional sobre lo fundamental e implementar reformas consensuadas que permitan el avance socioeconómico del país. Las constituciones son documentos que pueden modificarse, para mejorar las garantías democráticas a los ciudadanos, sin necesidad de actos mesiánicos. El caso chileno debería ser una advertencia sobre los riesgos de adelantar una asamblea constituyente, cuando los problemas de la sociedad pueden ser solucionados mediante reformas consensuadas.

De esta manera, el país debe tener discusiones serias sobre cómo reformar y mejorar el sistema de salud, el pensional, y el educativo, al igual que ponerse de acuerdo en el nivel de centralismo del Gobierno Nacional, los métodos que se deben utilizar para disminuir las desigualdades y cómo construir una economía dinámica que impulse el desarrollo socioeconómico del país, entre otros temas realmente fundamentales. De lo contrario, el país seguirá en discusiones inocuas que socavarán el apoyo a la democracia, y que frenarán el avance y el desarrollo del país.