La salud que queremos

Son varios los problemas que no corrige la propuesta que ha puesto en circulación la ministra Corcho.

El primero es la financiación. Por más que se revise el extenso documento, no aparecen cifras que expliquen siquiera en forma aproximada cómo se van a dispensar tantas maravillas a 50 millones de ilusionados colombianos. Muchas EPS del sistema actual desaparecieron o están quebradas por el imbalance entre las obligaciones que les impuso el sistema y los ingresos. Las ocho más grandes tienen una pérdida combinada de medio billón y un patrimonio negativo de 1,5. Los hospitales públicos tienen una cartera perdida de 0,6 billones y todo el sistema acumula unos 15 billones.

Por más malos manejos que puedan haber ocurrido, estas cifras tan dramáticas simplemente muestran que no había suficiente plata para tanto servicio. El gasto per cápita en Salud sigue estando por debajo de los mil dólares. Portugal 3000, Canada 5000, USA 17000. Seguiremos con el rosario de deseos desconectados de la realidad.

Le sigue la corrupción. No la obvia de unos directivos con sueldos y prebendas absurdas, sino la que hace funcionar el sistema. Todo se maneja con grandes contratos cuya asignación está en manos de pocos. Coima por el contrato y luego coima para que paguen es la ley de quienes han aprendido a nadar es sus turbias aguas. La centralización de todo un territorio en un solo gerente anticipa contratos más grandes con tajadas más sustanciosas.

El tercero es la libre elección. Bellamente estipulada en los principios de la ley 100 y el nuevo proyecto, para desaparecer en una maraña de artículos y parágrafos que la terminan aplastando junto con la autonomía médica. Queda en manos de los pocos que manejaran los recursos. Si a los enfermos se les da de verdad la libertad de escoger quien los trate, se acaba la gran fuente que abona la corrupción.

El cuarto es la complejidad. Cientos de páginas, artículos y parágrafos, definiendo decenas de comités, juntas, normas, auditores, controles, que no se van a aplicar y que van a desviar una sustanciosa porción de los recursos hacia la burocracia que no se usarán para prestación de servicios.

El quinto es la competencia. Solo con un sistema de libre elección real, se da la competencia, único camino a la calidad y reducción de precios. Perdura quien da la mejor atención al menor precio. A las EPS se le cambia el nombre por Red de Prestadores, agregando un intermediario más y manteniendo tarifas cerradas lo que va a perpetuar el perverso estímulo para reducir la calidad y oportunidad.

Si el prestador del Estado, que recibe subsidio, es capaz de dar un servicio adecuado, su costo define el valor que el sistema le paga al privado que el paciente escoja, permitiéndole cubrir la diferencia cuando la hay.

Como en el resto de las actividades económicas, la libre competencia elimina la necesidad de tantos controles y normas, que nunca logran lo que prometen. Un sistema que corrija al menos estos cinco temas, tiene posibilidad de convertirse en una solución realista que mejore en forma gradual el nivel de salud de los colombianos.

Quienes compartan esta visión, la deben defender. https://bit.ly/colombiasalud.