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Alta cirugía

Lo ideal hubiese sido dar la discusión y llegar a un nuevo diseño del Estado antes de meterse con la Constitución.

23 de noviembre de 2024 Por: Francisco José Lloreda Mera
Francisco José Lloreda Mera
Francisco José Lloreda Mera. Columnista | Foto: El País

Tienen toda la razón Fedesarrollo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Banco de la República, al advertir que incrementar la participación de las regiones en los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, del 23,8% al 46,5% en diez años, quiebra al Estado. Les asiste sensatez al indicar que generaría un déficit fiscal monumental (-6,4%), y que la deuda del Gobierno superaría el techo de la Regla Fiscal entre otros efectos desastrosos.

Es cierto, además, que una transferencia adicional de $60 billones a las regiones puede incrementar la corrupción de no contar con mecanismos idóneos de control, y más de un congresista ya se babea de pensar en cómo echarle mano a semejante botín. Pero, la corrupción no solo es regional, a nivel nacional es igual de espantosa; varían los montos y quienes se los roban. Pero, siendo este un tema crítico, no es la discusión de fondo.

El tema de fondo y que parecieran no haber entendido algunos centros de pensamiento, las entidades aludidas y los exministros que han puesto el grito en el cielo, es que las regiones se hastiaron de la concentración de poder en el Gobierno Nacional Central, y quieren volver al espíritu de la Constitución del 91, en el que las entidades territoriales eran socias de la Nación y no las colonias mendicantes en que terminaron convertidas.

Dicho lo anterior, es importante tener claro que un incremento tan trascendental de las participaciones requiere un remezón del Estado a todo nivel que va más allá de una simple reasignación de competencias, como lo establece hoy la Constitución. De lo contrario, terminaremos con un Estado aún más grande y costoso, y repitiendo lo que ya ocurrió en el pasado: la mayoría de las regiones quebradas y la Nación rescatándolas.

Ese remezón debe necesariamente incluir la eliminación de ministerios y agencias del Gobierno Nacional (GNC) con un recorte draconiano en cargos; repensar la pertinencia de las Entidades de Control, su tamaño y duplicidad en las regiones; reducir el tamaño del Congreso o eliminar una de las cámaras; repensar la Organización Electoral, la Rama Judicial, y la totalidad del sistema de Justicia, cada vez más grande, ineficiente y costoso.

Igual en lo regional. Secretarias para lo divino y lo humano, y Contralorías y Personerías convertidas en refugios burocráticos. Es más, si de lo que se trata es de repensar a fondo el Estado para que funcione mejor y cueste menos, no hay opción a revisar el rol de los departamentos y considerar el modelo de regiones, y los criterios para crear municipios y distritos, y sin duda, fusionar algunos como lo hicieron en su momento distintos países europeos.

Y en materia de competencias, que la Nación se concentre en lo que debe hacer y suelte. Debe encargarse, por ejemplo, de las relaciones internacionales, de garantizar la seguridad y orden público en el territorio, de la infraestructura estratégica y la seguridad energética. No debe meterse en la educación, la salud y los servicios domiciliarios. Y al contar con menos recursos, toca revisar las obligaciones de la nación en proyectos regionales claves.

Es un tema complejo, difícil de abordar en un escrito. Es más, es quizá el más importante con la recuperación militar del territorio. Lo ideal hubiese sido dar la discusión y llegar a un nuevo diseño del Estado antes de meterse con la Constitución. Pero, el tema está sobre la mesa y es ineludible, sin perjuicio de la suerte de la iniciativa. Siendo así, los centros de pensamiento, entre otros actores, están llamados a ayudar a pensar en cómo debe ser esa cirugía, para que la plata alcance y no terminemos en el caos que anticipan.

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